Uno de los elementos más importantes para potenciar el desarrollo sostenible de una sociedad se refiere directamente a la educación. Y es que es a través de ella que los índices de bienestar aumentan, la sociedad se cohesiona y se asumen las normas como propias de una sociedad en funcionamiento. Recientemente, en el Congreso de la Unión aprobamos una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Luego de semanas de negociaciones con diversos actores, se logró el consenso que un cambio de esa magnitud necesitaba. Desde luego, no fue una tarea sencilla, ya que requirió de estudios, acuerdos y de la necesidad de escuchar a las voces opositoras.
En esta reforma destacan varios aspectos. Desde elementos que buscan potenciar el aprendizaje de nuestros niñas y niños, adolescentes y jóvenes, hasta el respeto a los derechos laborales del magisterio, pero sin sacrificar la rectoría del Estado en esta importante función.
Sin duda, el avance educativo se había vislumbrado desde el sexenio anterior, por lo que estos cambios recientemente aprobados no son más que la continuidad de ese proyecto. La intención de borrar de un plumazo todo lo construido no prosperó en aras de mejorar una base sólida que también fue construida por consenso.
Ahora la evaluación seguirá siendo un aspecto fundamental para ayudar a que las maestras y los maestros de nuestro país se encuentren en una ruta de mejora permanente que redunde en mejores resultados para los millones de alumnos que tenemos en el país. Independientemente del respeto a los derechos laborales, prevalece la idea de que el ingreso, ascenso y demás movimientos, tendrán como línea principal las capacidades y no las designaciones directas a cargo de grupos de interés que negocian con la educación de nuestro país.
Además, luchamos para evitar cualquier ataque a la autonomía universitaria que se ha conseguido con esfuerzos enormes dentro y fuera de las aulas. Reconocemos a la universidad como un elemento fundamental para la creación de sectores críticos que sirvan para mejorar las tareas gubernamentales. Hoy, la intención es buscar la gratuidad en el nivel superior, de tal manera que todas y todos los jóvenes cuenten con esa oportunidad de conocimiento, crecimiento y movilidad. El sistema educativo requiere no sólo de buenas intenciones, sino de recursos y compromiso de todos los actores gubernamentales y de la sociedad civil en general.
Por un lado, restan las leyes secundarias, las cuales, bajo el compromiso de la mayoría en el Congreso, habrán de respetar el espíritu de la reforma constitucional; no es viable la mentira ni las letras ocultas en una tarea de cara a la sociedad. Por otro lado, el gobierno a través de las secretarías encargadas de la materia, habrán de operar y emitir políticas públicas dignas y eficientes que nos den los resultados que buscamos.
Así, demostramos que no es a través de las presiones ni las mayorías que se logran los consensos, sino a través de la razón y el enfoque de beneficiar a la ciudadanía que se elaboran proyectos que serán en beneficio de todos.
