/ miércoles 28 de abril de 2021

Legitimemos al árbitro

En los momentos que he tenido la oportunidad de ser legisladora, he podido adentrarme en el análisis de leyes, reglamentos y de la propia Constitución. Ese trabajo tan técnico requiere de horas de esfuerzo, de conocimiento, de derecho comparado, de revisión social y de muchas aristas que hacen que la creación de una ley, de un organismo y hasta de proposiciones con puntos de acuerdo, sea el producto de visiones distintas pero coincidentes en ciertos puntos.

Ese trabajo tan técnico lo podemos ver reflejado en nuestra legislación electoral, la cual abarca desde las reglas para la designación de candidatos, hasta los delitos en la materia que pueden acarrear sanciones relevantes y hasta la nulidad de una elección de todo tipo. Ello, pasando evidentemente por las obligaciones que deben cumplir candidatos o partidos en aras de la transparencia y la equidad en la contienda.

No existe nada más desfavorable para cualquier contienda, concurso y proceso en el que intervienen varias partes, que la descalificación del árbitro cuando no resuelve en nuestro favor. Desde luego, la propia normatividad establece mecanismos de apelación o de revisión de resoluciones cuando tienen algun vicio de legalidad o inconstitucionalidad, sin embargo, cuando de nuestros errores se parte para descalificar a la autoridad quiere decir que no existe la autocrítica ni nos manejamos en la línea de la legalidad.

El INE, durante muchos años ha sido reconstruido y fortalecido al grado de hoy tener una autoridad eficiente, confiable y respetable. Ese camino, hay que decirlo, no sólo es producto del trabajo de las y los Consejeros del Instituto, sino que es el ejemplo de cuando trabaja la sociedad civil de la mano del Poder Legislativo estableciendo reglas claras y parejas para todos los partidos políticos.

En medio de la serie de descalificaciones que no tienen otro sustento que aplicar la ley, es fundamental revisar la normatividad aplicable y, en caso de ser necesario, modificarla, sin embargo, no es viable atribuir errores propios al árbitro que, en un ejercicio de análisis sistemático ha impuesto una sanción que el propio legislador previó.

Hasta el momento, las resoluciones que ha emitido el INE no tienen margen de cuestionamiento porque se han ceñido a lo señalado en la ley de forma precisa. Más bien habría que revisar los procesos internos de los partidos y del equipo de trabajo de los candidatos que omitieron entregar una información vital para a transparencia de los comicios. De hecho, la firmeza de sus decisiones al confirmarlas no es otra cosa más que la actuación sin filias ni fobias justo como les gusta a quien hoy amenaza a los Consejeros.

Si en este momento todas y todos no defendemos al árbitro, en un futuro tendremos el gravísimo problema de contar con un Instituto desacreditado que, ante la menor provocación, sea desconocido derrumbando todo en engranaje democrático que nos ha costado mucho trabajo y mucho tiempo consolidar.

En los momentos que he tenido la oportunidad de ser legisladora, he podido adentrarme en el análisis de leyes, reglamentos y de la propia Constitución. Ese trabajo tan técnico requiere de horas de esfuerzo, de conocimiento, de derecho comparado, de revisión social y de muchas aristas que hacen que la creación de una ley, de un organismo y hasta de proposiciones con puntos de acuerdo, sea el producto de visiones distintas pero coincidentes en ciertos puntos.

Ese trabajo tan técnico lo podemos ver reflejado en nuestra legislación electoral, la cual abarca desde las reglas para la designación de candidatos, hasta los delitos en la materia que pueden acarrear sanciones relevantes y hasta la nulidad de una elección de todo tipo. Ello, pasando evidentemente por las obligaciones que deben cumplir candidatos o partidos en aras de la transparencia y la equidad en la contienda.

No existe nada más desfavorable para cualquier contienda, concurso y proceso en el que intervienen varias partes, que la descalificación del árbitro cuando no resuelve en nuestro favor. Desde luego, la propia normatividad establece mecanismos de apelación o de revisión de resoluciones cuando tienen algun vicio de legalidad o inconstitucionalidad, sin embargo, cuando de nuestros errores se parte para descalificar a la autoridad quiere decir que no existe la autocrítica ni nos manejamos en la línea de la legalidad.

El INE, durante muchos años ha sido reconstruido y fortalecido al grado de hoy tener una autoridad eficiente, confiable y respetable. Ese camino, hay que decirlo, no sólo es producto del trabajo de las y los Consejeros del Instituto, sino que es el ejemplo de cuando trabaja la sociedad civil de la mano del Poder Legislativo estableciendo reglas claras y parejas para todos los partidos políticos.

En medio de la serie de descalificaciones que no tienen otro sustento que aplicar la ley, es fundamental revisar la normatividad aplicable y, en caso de ser necesario, modificarla, sin embargo, no es viable atribuir errores propios al árbitro que, en un ejercicio de análisis sistemático ha impuesto una sanción que el propio legislador previó.

Hasta el momento, las resoluciones que ha emitido el INE no tienen margen de cuestionamiento porque se han ceñido a lo señalado en la ley de forma precisa. Más bien habría que revisar los procesos internos de los partidos y del equipo de trabajo de los candidatos que omitieron entregar una información vital para a transparencia de los comicios. De hecho, la firmeza de sus decisiones al confirmarlas no es otra cosa más que la actuación sin filias ni fobias justo como les gusta a quien hoy amenaza a los Consejeros.

Si en este momento todas y todos no defendemos al árbitro, en un futuro tendremos el gravísimo problema de contar con un Instituto desacreditado que, ante la menor provocación, sea desconocido derrumbando todo en engranaje democrático que nos ha costado mucho trabajo y mucho tiempo consolidar.

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