El Presidente de la República recién mandó un paquete de iniciativas a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos justo en el marco de la celebración del 107 aniversario, en donde se tratan diversos temas que deberán ser discutidos ya sea en esta o en la siguiente Legislatura y que impactan a órganos autónomos, a la seguridad pública, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, además de otro grupo de reformas que tienen un aspecto menos orgánico y más orgánico pero haciendo énfasis en el derecho social que ha caracterizado a nuestra Carta Magna desde su creación y que, además se le ha reconocido la vanguardia en ese grupo de derechos que, poco a poco, las constituciones o modificación de la posguerra en el mundo entero tomaron como referencia a la nuestra.
Más allá de las posturas que puede haber respecto de la estructura organizativa del Estado mexicano incluyendo la función e integración del Poder Judicial o, incluso, de los salarios que pueden llegara percibir los funcionarios de alto nivel, existen elementos sociales que son sumamente rescatables y que deben discutirse a la luz de los datos, la proyección económica seria y real, sin la intención de descartar ninguna propuesta de antemano.
Debemos destacar que, como ha sucedido en esta administración, se siguen presentando decisiones que abonan a los derechos laborales y que, además, no se trata de caprichos o de pretensiones exacerbadas, sino del respeto a vivir con dignidad en un sistema económico que, debemos aceptarlo, ha profundizado las desigualdades.
Hoy el tema de vivienda es un asunto crítico, ya que a pesar de haberse detenido el crecimiento demográfico exponencial que habíamos tenido, no hay oportunidades de vivienda digna y útil en función de los lugares en donde se encuentran los centros de trabajo en donde, por cierto, los costos han aumentado irracionalmente haciendo nugatorio el derecho de vivir bien y con el espacio suficiente para una familia.
Pedir que el salario mínimo se mantenga por encima de la inflación no sólo no es un acto irracional como se ha pretendido señalar, sino que es lo mínimo que debe tener una persona trabajadora ya que, de lo contrario, no se puede concebir que una persona obtenga un salario con el que no pueda comprar siquiera la canasta básica, es un despropósito que fue desmitificado con los aumentos tan grandes que se hicieron al salario mínimo en los últimos años sin que ello generara una catástrofe financiera como se vaticinaba.
Eso mismo en consonancia con lo que ganan los trabajadores de gobierno donde, en muchos casos, por imposible que parezca, ganan menos del salario mínimo sin que existan autoridades que se pronuncien ante tal injusticia e ilegalidad que contraviene todas las disposiciones fiscales, laborales y desde luego, constitucionales.
No menos importante pero que requiere un análisis profundo y de recoger todas las voces es el tema de las pensiones, ya que es un hecho que hoy el retiro de las personas con el esquema de afores es absolutamente indigno e imposible que sirva para vivir después de décadas de entregarlas a la vida productiva. En efecto, se debe clarificar la obtención d ellos recursos para soportar un esquema que requerirá miles de millones de pesos y puede convertirse en una crisis posterior.
Sin embargo, en el momento que aparezcan los cómos de la ministración necesaria para soportar un auténtico esquema de pensiones, debemos empezar a mirar ello como una alternativa viable porque no se trata de beneficiar a los grandes salarios, sino a aquellas personas que aún ganando poco se tienen que retirar con los pocos dividendos que les dejó una afore que por la cuantía mínima les fue entregando rendimientos mínimos.
Este es un momento histórico para devolver a la justicia social pero sin acelerarnos y sin pretender que se puede discutir en fast track, esta vez necesitamos expertos, analistas y estudiosos desinteresados de posturas políticas que den un dictamen certero para saber hacia dónde nos estamos moviendo. Al final sólo se trata del bienestar del pueblo de México.
