En días pasados tuvimos conocimiento de una ofensiva a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional por algunos pobladores del municipio michoacano de La Huacana. A todas luces, este fue un pasaje condenable por la forma violenta en que civiles desarmaron a los efectivos de la SEDENA, quienes en el marco de su deber y haciendo uso de sus atribuciones castrenses, habían asegurado diversas armas de grueso calibre en el marco de un operativo por la zona. El grupo de 11 soldados fue objeto de vejaciones físicas y verbales por parte del rijoso bloque de lugareños, quienes emprendieron diversos bloqueos en las principales vías de acceso a su localidad. Y a lo largo de las muchas horas en que estas acciones se llevaron a cabo, fue dejado en manifiesto la ausencia total del Estado de Derecho. Las autoridades locales de Michoacán, rebasadas desde hace años por los índices de inseguridad en su entidad, poco o nada hicieron para brindar asistencia a las fuerzas castrenses. Vino entonces una acción de inteligencia de altos mandos de la Defensa, quienes optaron por devolver el armamento que se había asegurado horas atrás, con el fin de evitar un daño a la población civil y preservar la vida de sus soldados. Con las recientes aprobaciones legislativas al marco jurídico que regula la actuación militar en nuestro territorio nacional, pudo acreditarse puntualmente el uso de refuerzos para rescatar a sus compañeros, sin embargo, se optó por el repliegue y priorizar la salvaguarda de vidas humanas, para ambos frentes, militares y civiles. Es entonces cuando surge la paradoja del México de nuestros días, el Ejército devolviendo armas a la sociedad, como por ejemplo un fúsil Barret calibre 50 de uso exclusivo justo del Ejército. La autoridad castrense rebasada en el campo por ciudadanos no autorizados en portar armamento, menos aún del nivel que suponen los de grueso calibre. Fue así que imperó la conciencia desde el sector oficialista y previno un encono social altamente peligroso. Y como sociedad, tendremos de una vez por todas que cuestionarnos si estamos respaldando o no a nuestras Fuerzas Armadas. Como nación soberana, hemos afrontado pasajes a lo largo de nuestra historia de consecuencias funestas, con el enfrentamiento entre militares y civiles y sin errar ha sido la misma historia la que ha señalado a las Fuerzas Armadas de ser las responsables en la mayoría de las confrontaciones, al hacer uso de su poder táctico. Pero es de insistirse, ninguna potestad le atañe a los ciudadanos que se precien de ser buenos mexicanos de encarar y enfrentar a nuestras Fuerzas Armadas para proteger un modus vivendidelictivo. Mujeres y hombres que integran nuestras Fuerzas Armadas todos los días comprometen su vida para velar por la seguridad nacional y coadyuvan en tareas de seguridad pública en el combate a la delincuencia. El respeto y la inviolabilidad a las fuerzas castrenses es y debe ser norma fundamental en el diario actuar de las y los mexicanos. El
En días pasados tuvimos conocimiento de una ofensiva a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional por algunos pobladores del municipio michoacano de La Huacana. A todas luces, este fue un pasaje condenable por la forma violenta en que civiles desarmaron a los efectivos de la SEDENA, quienes en el marco de su deber y haciendo uso de sus atribuciones castrenses, habían asegurado diversas armas de grueso calibre en el marco de un operativo por la zona. El grupo de 11 soldados fue objeto de vejaciones físicas y verbales por parte del rijoso bloque de lugareños, quienes emprendieron diversos bloqueos en las principales vías de acceso a su localidad. Y a lo largo de las muchas horas en que estas acciones se llevaron a cabo, fue dejado en manifiesto la ausencia total del Estado de Derecho. Las autoridades locales de Michoacán, rebasadas desde hace años por los índices de inseguridad en su entidad, poco o nada hicieron para brindar asistencia a las fuerzas castrenses. Vino entonces una acción de inteligencia de altos mandos de la Defensa, quienes optaron por devolver el armamento que se había asegurado horas atrás, con el fin de evitar un daño a la población civil y preservar la vida de sus soldados. Con las recientes aprobaciones legislativas al marco jurídico que regula la actuación militar en nuestro territorio nacional, pudo acreditarse puntualmente el uso de refuerzos para rescatar a sus compañeros, sin embargo, se optó por el repliegue y priorizar la salvaguarda de vidas humanas, para ambos frentes, militares y civiles. Es entonces cuando surge la paradoja del México de nuestros días, el Ejército devolviendo armas a la sociedad, como por ejemplo un fúsil Barret calibre 50 de uso exclusivo justo del Ejército. La autoridad castrense rebasada en el campo por ciudadanos no autorizados en portar armamento, menos aún del nivel que suponen los de grueso calibre. Fue así que imperó la conciencia desde el sector oficialista y previno un encono social altamente peligroso. Y como sociedad, tendremos de una vez por todas que cuestionarnos si estamos respaldando o no a nuestras Fuerzas Armadas. Como nación soberana, hemos afrontado pasajes a lo largo de nuestra historia de consecuencias funestas, con el enfrentamiento entre militares y civiles y sin errar ha sido la misma historia la que ha señalado a las Fuerzas Armadas de ser las responsables en la mayoría de las confrontaciones, al hacer uso de su poder táctico. Pero es de insistirse, ninguna potestad le atañe a los ciudadanos que se precien de ser buenos mexicanos de encarar y enfrentar a nuestras Fuerzas Armadas para proteger un modus vivendidelictivo. Mujeres y hombres que integran nuestras Fuerzas Armadas todos los días comprometen su vida para velar por la seguridad nacional y coadyuvan en tareas de seguridad pública en el combate a la delincuencia. El respeto y la inviolabilidad a las fuerzas castrenses es y debe ser norma fundamental en el diario actuar de las y los mexicanos. El
