La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano, es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos. Así lo reconoce expresamente el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, al establecer que puede ser adicionada o reformada, siguiendo el proceso legislativo que tenga una efectiva congruencia con la realidad socio-política lo cual posibilita el ajuste normativo derogando, enmendado o añadiendo preceptos al texto constitucional.
El Principio de Rigidez Constitucional encuentra su razón de ser en los principios de supremacía y permanencia constitucional, cuyos propósitos en general residen en impedir que el ordenamiento constitucional sea alterado por una mayoría circunstancial de ciudadanos o representantes que lesione los fundamentos consagrados en la Carta Magna.
Esto es, la propia Constitución ordena que las reformas que esta experimente aprueben por una mayoría calificada que respete la máxima expresión política del pueblo. La rigidez constitucional tiene como finalidad paralela proteger los contenidos de la norma suprema ante cualquier intento de transformación que se encuentre motivada por posiciones políticas transitorias y esporádicas para su propio beneficio, en perjuicio de los derechos reconocidos a las minorías o a personas que viven en situación de vulnerabilidad.
La modificación a la Constitución debe pasar por el procedimiento, que inicia con la presentación de una iniciativa ante el pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, la cual será turnada a comisiones para su estudio y dictamen atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados y del Reglamento del Senado de la República. Cualquier modificación a la Constitución tiene una exigencia de quórum de votación de las dos terceras partes de los legisladores presentes y la aprobación de la mitad más una de las legislaturas locales
Esta semana se anunció un paquete de iniciativas para reformar la Constitución entre las que destacan: 1. Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. 2. Derecho a pensión a adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año; además de un apoyo universal para las personas con discapacidad. 3. Becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Atención médica universal gratuita. 5. Que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato animal. 7. No otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo.
Igualmente, 10. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al seguro social. 12. Revertir las reformas de pensiones, tanto la de 1997 como la de 2007. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. 14. Mejorar las condiciones de los campesinos a través de “un jornal justo y permanente”, como una extensión del programa Sembrando Vida. 15. Utilizar para trenes de pasajeros los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga. 16. Una nueva iniciativa de reforma electoral, que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos, eliminar las candidaturas plurinominales por lo que de 500 diputados se reduciría a 300 y de 128 senadores a solo. 17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, serán electos de manera directa por el pueblo.
La propuesta igual incluye, y la citamos como número 18. Traspasar la Guardia Nacional a la SEDENA, 19. Reforma para que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República y 20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos así como los organismos autónomos constitucionales.
