Prevalece la libertad religiosa en Hidalgo 

La capital del estado fue sede del seminario: “La realidad de la libertad religiosa en México, la discriminación de carácter religioso y los retos de la comunicación objetiva”, un encuentro en el que participaron representantes de medios de los estados de Michoacán, Ciudad de México, Hidalgo y de la Embajada de Estados Unidos.

Durante la reunión, Claudia Vieyra Alamilla, directora general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, afirmó que, para la administración que encabeza Julio Menchaca Salazar, garantizar los derechos humanos, con un carácter transversal, representa el espíritu y esencia de las tareas gubernamentales y es la base de las políticas públicas.

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Asimismo, informó que este seminario, fue impartido a periodistas, reporteros y corresponsales a través el organismo Impulso 18, que es parte de Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: CSW Global, por sus siglas en inglés, la cual apoya a quienes enfrentan injusticias y defiende la libertad religiosa y creencias.

Cabe señalar que, en el encuentro, se abordaron temas como derechos humanos, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tendencias y retos de la libertad de creencias en América Latina, entre otros.

Destacó que el objetivo fue dotar de herramientas a quienes laboran en los medios de comunicación para visibilizar la problemática de la discriminación por motivos religiosos y concientizar respecto a la necesidad de que los tres órdenes de gobierno se sumen para proteger la libertad de culto.

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En un acto seguido, precisó que en la entidad existen 242 asociaciones religiosas, 341 ministros de culto y mil 687 centros de culto, por lo que, aseguró: "Concebimos la libertad religiosa como un derecho humano. Desde la Dirección General de Asuntos Religiosos, el respeto y la tolerancia implican una forma de relación donde la dignidad y los derechos humanos estén en el centro".

Por último, la funcionaria estatal destacó que, la Dirección General de Asuntos Religiosos se encarga de conducir la política pública gubernamental con relación a las iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas, y atiende las cuestiones jurídicas y normativas de estos.