En la institucionalización de procesos destinados a mejorar la política social, Hidalgo alcanzó por vez primera la puntuación más alta a nivel nacional y fue reconocido durante el seminario de "Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, municipios y OSC, 2023".
De esta forma, la entidad se hace referente nacional en el índice de monitoreo y evaluación, el cual está enfocado en alcanzar una mayor calidad, eficacia e impacto de las intervenciones gubernamentales, además de una mejor rendición de cuentas a favor de la ciudadanía.
Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva en la entidad, acudió al acto en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar.
Recibió el distintivo de manos de José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); quien manifestó que los resultados obtenidos son reflejo de la disminución de la pobreza y carencias sociales en la entidad.
“Este reconocimiento no solo honra a nuestro gobierno, sino también a cada persona comprometida con el crecimiento de Hidalgo y con la mejora de la vida de sus habitantes", puntualizó.
Entre los factores que fueron tomados en cuenta por el Coneval se encuentran el Padrón Único de Beneficiarios, los criterios utilizados para la creación de programas nuevos, la difusión de programas de bienestar, indicadores de resultados y de gestión, las reglas de operación y la transparencia en el presupuesto asignado.
Dentro el ejercicio de los derechos sociales, el funcionario estatal pronunció la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas al igual que el acceso a la información pública gubernamental, así como el combate a la corrupción, como principios fundamentales de la democracia y la buena gobernanza.
Desde 2011, el Coneval ha realizado el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas de manera bianual; reconoce las buenas prácticas a través de varias categorías; por lo que para la edición de este año, se evaluaron 65 prácticas de 19 entidades federativas, 4 municipios y 11 organizaciones de la sociedad civil.
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