Ángela y Eligio, un matrimonio de Huejutla, dieron su testimonio que desde el 2019 son víctimas de discriminación por motivos religiosos, del que las autoridades no han podido aplicar la justicia; en ese año tuvieron que pagar una multa superior a los 120 mil pesos a sus vecinos por intentar denunciar en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo su caso.
En esa misma región, se tuvo que improvisar dentro de un templo una escuela para infantes que les impiden su derecho a recibir educación pública gratuita porque sus padres profesan un culto distinto al de la mayoría.
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En Actopan, una familia de Boxaxni llevaba diez años sin poder acceder al servicio del agua, mediante pipas gratuitas que reciben en la comunidad porque no hay red de distribución a domicilio, la misma causa que los anteriores, las autoridades auxiliares municipales les violentaban su Derecho Humano a la libertad de creencia religiosa.
Lo anterior fue expuesto por quienes participaron en el Seminario “La realidad de la libertad religiosa en México, la discriminación de carácter religioso y los retos de la comunicación objetiva”, que impartió Pablo Vargas Jiménez, el director y representante legal de Impulso 18, oficina en México representativa de la sede en Londres de Christian Solidaryti Worldwide, dedicada a la investigación de esos casos en el mundo.
Fue quien invitó al matrimonio de Huejutla a que expusieran su historia y a la directora de Asuntos Religiosos del gobierno de Hidalgo, Claudia Vieyra Alamilla, quien en su exposición informó de su intervención en lo sucedido en Actopan.
En entrevista, luego de concluir el evento realizado en un salón privado en Pachuca, Pablo Vargas sostuvo que como Ángela y Eligio, puede haber “miles” de casos más en Hidalgo, de los que desconocen las autoridades del estado y la federación, no así los gobiernos municipales, principales actores que los invisibilizan bajo el argumento de que así son los “usos y costumbres” y para no provocar una revuelta social por una minoría que no profesa la religión de la mayoría.
“La gente que sufre discriminación por motivos religiosos es víctima de agresiones verbales, asilamiento social y familiar, violencia física, destrucción de sus hogares, suspensión de servicios básicos y el destierro”, por eso no denuncian su situación a las autoridades, por eso no hay una cifra oficial de parte del gobierno, de los cuales él da cuenta de algunos como parte de su investigación para Impulso 18, no solo en Hidalgo, sino de otros estados.
Otro ejemplo, es la violación al derecho de recibir educación pública gratuita, sin precisar el número de infantes, dijo que como parte de las acciones de la comunidad en contra de padres que ejercen su libertad de creencia religiosa, a sus hijos le impiden el acceso a la escuela y la reciben en un templo, aunque no esté avalada por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Para Claudia Vieyra Alamilla, directora de Asuntos Religiosos, oficialmente no existe un solo caso de discriminación por motivos religiosos interpuesto ante alguna autoridad, si afirmó que hay como cinco pero son de años anteriores, incluso del siglo pasado, a los que no dieron seguimiento en su momento.
Ella intervino en el de Actopan, destacó la participación del gobierno municipal y que se superó por la disposición de las autoridades auxiliares de la comunidad y la población.
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Explicó que el termino de intolerancia religiosa dejo de usarse, para que se tipifique como delito es “discriminación por motivos religiosos” y no hay facultades para que la Procuraduría de Justicia estatal, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo o el Sistema DIF le den vista si llegan a conocer de una violación a la libertad religiosa.
Por todo ello, la diputada local integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Gabriela Godínez Hernández, exhortó a los funcionarios impartidores de justicia y defensores de los Derechos Humanos, a que exploren la entidad y protejan a esas personas “antes de que ocurra una desgracia que lamentar”.
La diputada local, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad, Gabriel Godínez, exhortó a las autoridades impartidoras de justicia y defensores de los Derechos Humanos a salir de sus oficinas a explorar el estado en busca y protección de la gente que es víctima de discriminación por motivos religiosos y que no denuncia por miedo a perder la vida o el destierro.
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Luego de conocer que en su tierra natal, Actopan, había un problema de este tipo, dijo que es “inconcebible que en pleno siglo XXI no se respete la libertad de creencia y que haya pasado desapercibido tanto tiempo a los ojos y oídos de las autoridades, en sus tres niveles”.
El gobierno les “falló” a esa familia, así como al matrimonio de Huejutla y a los niños sin escuela, “refleja la impunidad, injusticia y la nula eficacia de quienes debieron intervenir desde el primer momento”.
Llamó a la coordinación interinstitucional para que si hay más casos de discriminación por motivos religiosos, “se actúe pronto y no esperemos a que haya más agresiones, castigos económicos o destierros, para entonces darnos cuenta de un problema que creció”.
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