De confirmarse el caso de corrupción del ministro Eduardo Medina Mora, se estaría dando un parteaguas en el combate al gran problema de México, un fenómeno que involucra muchos culpables, pero pocas, poquísimas veces se hace justicia. Irónico que este personaje pertenezca a la cabeza del Poder Judicial de la Federación
Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene entre sus responsabilidades “defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones”.
Es inédito que un ministro renuncie por sospechas de corrupción, aunque en el comunicado de la SCJN 155 del 3 de octubre afirma que la oficina de comunicación social no cuenta con elementos para confirmar la renuncia y que se mantiene a la espera del trámite.
Se ha propiciado un debate político intenso, pero las consecuencias económicas no son fielmente puntualizadas o visibilizadas y de hecho los datos aproximados de la corrupción siempre serán cifras a cuestionar.
Los datos oficiales (solo de la población) revelan lo siguiente (INEGI): El 14.6% de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó algún acto de corrupción, mientras 5.4% del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción. Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7,218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7,146 millones de pesos en 2017.
El costo de la corrupción se traduce en un lastre para el progreso económico; entre muchos otros problemas que provoca está que desvía recursos provenientes de nuestros impuestos y que deberían servir para combatir la pobreza.
Por eso este caso en manos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que preside Santiago Nieto Castillo, servirá para medir su eficiencia y apego a la ley, una prueba de fuego.
Esperamos que independientemente de la persona en cuestión se recuperen los recursos y se regresen a manos de los mexicanos, solo así se comprobará que las múltiples reformas y el Sistema Nacional Anticorrupción surten efecto. Como ciudadanos y como empresarios no solo lo esperamos, lo necesitamos y exigimos.
