/ sábado 26 de octubre de 2019

Desplazamiento interno o forzado

Dejan atrás todo, sus hogares, sus escuelas, su historia y, se van con el dolor a cuestas.

La violencia ha orillado a que familias en el país migren de sus comunidades y municipios en busca de tranquilidad y paz en otras latitudes.

Son familias de desplazados que materialmente “con lo que llevan puesto” se alejan de las amenazas, del terror, del peligro e inician su viacrucis.

México tiene años viviendo este fenómeno y hoy en Sinaloa el fenómeno del desplazamiento forzado o interno se recrudece.

Los desplazamientos internos, señala la ONU, “se da en personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de situaciones de violencia generalizada y que -estas personas- “no cruzan una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota y tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y el de episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más núcleos familiares.

Sin embargo, al permanecer -aun- dentro del territorio nacional, estas familias no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional. Por ello, el gobierno en turno, tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados.

Esta situación implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

En su momento, el Presidente de la CNDH alertó sobre la atención a este fenómeno, que demanda la acción coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que lo hecho hasta ahora son acciones aisladas, centradas en apoyos asistenciales temporales, sin planeación integral ni diagnósticos serios y confiables.

En Culiacán se ha hablado mucho acerca del operativo realizado, pero se ha dejado de lado el observar a las familias que han tenido que dejar sus hogares por temor a sufrir represalias. Se habla de que familias de los efectivos de ejército y de la policía, están dejando la ciudad convirtiéndose en víctimas de este desplazamiento forzado en su propio país.

Dejan atrás todo, sus hogares, sus escuelas, su historia y, se van con el dolor a cuestas.

La violencia ha orillado a que familias en el país migren de sus comunidades y municipios en busca de tranquilidad y paz en otras latitudes.

Son familias de desplazados que materialmente “con lo que llevan puesto” se alejan de las amenazas, del terror, del peligro e inician su viacrucis.

México tiene años viviendo este fenómeno y hoy en Sinaloa el fenómeno del desplazamiento forzado o interno se recrudece.

Los desplazamientos internos, señala la ONU, “se da en personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de situaciones de violencia generalizada y que -estas personas- “no cruzan una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota y tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y el de episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más núcleos familiares.

Sin embargo, al permanecer -aun- dentro del territorio nacional, estas familias no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional. Por ello, el gobierno en turno, tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados.

Esta situación implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

En su momento, el Presidente de la CNDH alertó sobre la atención a este fenómeno, que demanda la acción coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que lo hecho hasta ahora son acciones aisladas, centradas en apoyos asistenciales temporales, sin planeación integral ni diagnósticos serios y confiables.

En Culiacán se ha hablado mucho acerca del operativo realizado, pero se ha dejado de lado el observar a las familias que han tenido que dejar sus hogares por temor a sufrir represalias. Se habla de que familias de los efectivos de ejército y de la policía, están dejando la ciudad convirtiéndose en víctimas de este desplazamiento forzado en su propio país.

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