Plan B implica retroceso en derechos de las mujeres: PRD

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez, dijo que el denominado Plan B de la reforma electoral implica una serie de retrocesos para los derechos políticos electorales de las mujeres, pues se permitiría que los agresores puedan postularse a cargos de elección popular.

El también representante del distrito de Metepec expresó que el Sol Azteca se ha pronunciado en contra de esta modificación electoral, ya que implica retrocesos para los derechos políticos electorales de las mujeres, pues no se puede permitir que quien haya agredido a una mujer pueda postularse a algún puesto público.

Local

Inconformes con Plan B no han revisado la reforma electoral: Menchaca

Comentó que también se perderá la imparcialidad en las elecciones, pues los representantes gubernamentales podrán realizar acciones proselitistas como ha sucedido con las denominadas “corcholatas” presidenciales, lo que desequilibraría las contiendas electorales.

Para el legislador perredista, se necesita revisar, discutir y analizar con mayor profundidad cualquier modificación que se pretenda realizar en materia electoral para que se garanticen los derechos políticos electorales de la ciudadanía, en específico de las mujeres, así como la imparcialidad de los comicios con árbitros electorales fortalecidos.

Por ello, se pronunció en favor de fortalecer el debate en torno a cualquier tema que se trate de implementar para el proceso electoral de 2024, debido a que se tratará de la contienda más grande en la historia del país el renovarse la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados a nivel federal, pero también el Congreso local y las 84 alcaldías a nivel estatal.

También te puede interesar: Plan B, "pone en riesgo el proceso electoral de 2024": Benjamín Rico

La dirigencia nacional del PRD ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra el denominado Plan B de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), principalmente contra las modificaciones a la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.