Les saludo con aprecio amigas y amigos lectores, en esta ocasión deseo continuar a través de este ejercicio de comunicación, compartiendo con ustedes reflexiones en torno al papel que tenemos las y los diputados del Congreso del Estado, refiriéndome a la función preponderante que es legislar, lo cual implica adentrarse en el estudio y conocimiento de metodologías, técnicas y sobre todo obligaciones de carácter Constitucional que están relacionadas con el cumplimiento de los diferentes tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, que tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales, tenemos el mandato de observar puntualmente en lo relacionado con los derechos humanos y en esta colaboración en particular, con los derechos de las personas con discapacidad.
\u0009Partimos de la premisa de que un número importante de las leyes que se presentan, discuten y aprueban en el Congreso son instrumentos detonadores de las políticas públicas, las cuales implican el ingreso de una problemática a la agenda pública para su estructuración y desarrollar el diseño de la toma de decisiones y recursos institucionales que permita su implementación y posterior evaluación; el enfoque con el cual se legisla y se ejecutan las políticas públicas parten del principio de racionalidad que implica: eficiencia, eficacia, legitimidad y economía.
En la sociedad contemporánea todos los personas servidoras públicas y la sociedad en general tenemos la obligación de visibilizar a las personas con discapacidad para incorporarlas plenamente al ejercicio de sus derechos y que formen parte de las acciones institucionales para que gocen de las prerrogativas públicas sin distinción; así mismo, debemos desterrar del lenguaje términos como personas minusválidas, inválidas o con capacidades diferentes al referirnos a las personas con discapacidad, ya que estas son definiciones peyorativas que son discriminatorias y segregan a este sector de la población.
Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, del poco más de 126 millones de habitantes en México, más de 7 millones de personas tienen alguna discapacidad o algún problema o condición mental, lo que representa el 5.7% total de la población, en Hidalgo la estadística es muy similar.
Legislar con un enfoque de Derechos Humanos para personas con discapacidad exige considerar los siguientes principios: universalidad y equidad en el cual se reconozca la igualdad en las diferencias de las personas con discapacidad; participación y empoderamiento donde jugamos un papel muy importante las instituciones en la consolidación de la ciudadanía e incorporar a las personas con discapacidad en todas las actuaciones de la gestión pública, convirtiéndolos en sujetos activos documentados; rendición de cuentas y exigibilidad, todo derecho demanda obligaciones, por lo que es importante identificar a los sujetos de derechos con relación a las autoridades del Estado, construyendo los mecanismos de exigibilidad de carácter administrativo, judicial y político; integralidad y progresividad está relacionado en que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos por igual, conjuntamente con otros derechos, y la progresividad radica en que el Estado disponga de recursos realizando acciones afirmativas de manera permanente que no permitan, en ningún caso, la regresión de los derechos conquistados.
Ante la ausencia de estos principios, cualquier proyecto de ley o programa gubernamental que pretenda un enfoque de derechos en materia de discapacidad, estará convirtiéndose en una ley o acción excluyente y discriminatoria.
A continuación, deseo compartirles datos del Informe Mundial sobre Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial en 2011, dicho informe nos menciona la probabilidad de un aumento en la prevalencia de discapacidad en los próximos años, producto de las condiciones de pobreza y desigualdad, el envejecimiento de la población mundial y el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas; para ello el informe mencionado, establece una serie de recomendaciones entre las que se destacan: permitir el acceso a todos los sistemas, las políticas y los servicios generales a las personas con discapacidad; invertir en programas y servicios específicos para personas con discapacidad; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales y locales en materia de discapacidad; involucrar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social; mejorar la capacidad de recursos humanos para su atención; sensibilizar más al público y mejorar su comprensión de la discapacidad; mejorar la recopilación de datos sobre discapacidad; y reforzar y respaldar la investigación sobre discapacidad.
Por lo tanto, me siento muy orgulloso de formar parte de la Cuarta Transformación, ya que en Hidalgo el Gobernador del Estado Julio Ramón Menchaca Salazar, conjuntamente con la Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, signaron el convenio para la universalidad de la pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, esto será posible con la aportación económica tanto del gobierno federal como del gobierno de Hidalgo; esta es una acción contundente que le permitirá a las personas con discapacidad ejercer sus derechos e incorporarse plenamente a la vida económica, social y cultural.
Esta decisión de Estado, conjuntamente con las políticas públicas con enfoque en derechos humanos y teniendo como referente los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte, permite transitar del discurso a los hechos en beneficio de sectores vulnerables del cual ninguno de nosotros es ajeno.
“… La transformación exige de grandes objetivos que sólo se cumplen mediante el esfuerzo, la disciplina cotidiana y la convicción de aportar por el bien común…” Osiris Leines.
.png "Zoé Robledo (1).png")