/ jueves 18 de abril de 2019

Dinero mal habido

Traigo a la memoria el caso de un mexicano de origen chino llamado Zhenli Ye Gon acusado de comercializar y fabricar drogas. En el año 2007 se le decomisaron 205 millones 564 mil 763 dólares, 17 millones 306 mil 520 pesos, 2 fincas con valor aproximado de 20 millones de pesos y 1 laboratorio en construcción. En su momento el mismo “empresario” acusó a Javier Lozano Alarcón de extorsionarlo para guardar el dinero para la campaña de Felipe Caderón, de ahí surgió la frase: “O coopelas o cuello”.

La importancia de la noticia más allá de las vinculaciones políticas es el destino del dinero, que se distribuyeron en partes iguales entre la PGR, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Salud, según confirmó el entonces procurador general de la República Eduardo Medina Mora.

Este hecho, entre otros, abrió la discusión de los bienes incautados, pues se necesitaba un mejor manejo; un año después, en 2008, se realizó la reforma al artículo 22 de la Constitución Política, donde ya se contempló la “Extinción de dominio” con objeto de privar del derecho de propiedad a una persona respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos especificados, en beneficio del Estado, pero solo procedía en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Posteriormente la extinción de dominio se amplió en el Decreto aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2018, para incluir los hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la extorsión, así como los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Continuando con los avances, el pasado 14 de abril el Ejecutivo federal envió un adendum al Senado que se desprende de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para crear una Ley Nacional de Extinción de Dominio. La iniciativa de MORENA propone dos puntos cruciales:

Uno, que el procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente.

Dos, el destino de los bienes y sus frutos será la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, reclamaciones procedentes por créditos garantizados, programas sociales y para los estados (ellos determinarán el destino).

Actualmente el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado. Sin embargo, ha sido cuestionada en su eficiencia.

Otra institución importantísima es la Unidad de Inteligencia Financiera, que en voz de su titular Santiago Nieto Castillo, ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp y que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por actividades relacionadas con presunto lavado de dinero, delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos.

Traigo a la memoria el caso de un mexicano de origen chino llamado Zhenli Ye Gon acusado de comercializar y fabricar drogas. En el año 2007 se le decomisaron 205 millones 564 mil 763 dólares, 17 millones 306 mil 520 pesos, 2 fincas con valor aproximado de 20 millones de pesos y 1 laboratorio en construcción. En su momento el mismo “empresario” acusó a Javier Lozano Alarcón de extorsionarlo para guardar el dinero para la campaña de Felipe Caderón, de ahí surgió la frase: “O coopelas o cuello”.

La importancia de la noticia más allá de las vinculaciones políticas es el destino del dinero, que se distribuyeron en partes iguales entre la PGR, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Salud, según confirmó el entonces procurador general de la República Eduardo Medina Mora.

Este hecho, entre otros, abrió la discusión de los bienes incautados, pues se necesitaba un mejor manejo; un año después, en 2008, se realizó la reforma al artículo 22 de la Constitución Política, donde ya se contempló la “Extinción de dominio” con objeto de privar del derecho de propiedad a una persona respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos especificados, en beneficio del Estado, pero solo procedía en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Posteriormente la extinción de dominio se amplió en el Decreto aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2018, para incluir los hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la extorsión, así como los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Continuando con los avances, el pasado 14 de abril el Ejecutivo federal envió un adendum al Senado que se desprende de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para crear una Ley Nacional de Extinción de Dominio. La iniciativa de MORENA propone dos puntos cruciales:

Uno, que el procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente.

Dos, el destino de los bienes y sus frutos será la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, reclamaciones procedentes por créditos garantizados, programas sociales y para los estados (ellos determinarán el destino).

Actualmente el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado. Sin embargo, ha sido cuestionada en su eficiencia.

Otra institución importantísima es la Unidad de Inteligencia Financiera, que en voz de su titular Santiago Nieto Castillo, ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp y que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por actividades relacionadas con presunto lavado de dinero, delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos.

jueves 11 de julio de 2019

Oro verde

jueves 04 de julio de 2019

Cambio climático

jueves 20 de junio de 2019

Empresarios vs empresarios

jueves 06 de junio de 2019

Trumpadas

jueves 30 de mayo de 2019

La salud: ¿victimada o rescatada?

jueves 23 de mayo de 2019

Enemigo público: la contaminación

jueves 18 de abril de 2019

Dinero mal habido

Cargar Más