TAPACHULA.- Siete días cumplen decenas de cubanos afuera de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la irrupción en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) que inició una nueva crisis en la frontera. Tras los hechos, organizaciones que los representan se han desmarcado de los eventos de violencia y extorsiones que los migrantes acusan.
La organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez reprobó la movilización del pasado viernes en la cuales supuestamente varios funcionarios del INM fueron golpeados e insultados por un grupo de cubanos, y se deslindó de colaborar con Luis García Villagrán, líder del Centro de Dignificación Humana.
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Incluso, Brigada Callejera aseguró que también ha relevado a sus colaboradores para evitar confusiones.
Por su parte, Villagrán señaló que su organización en ningún momento motivó o ha motivado que migrantes de cualquier nacionalidad realicen desmanes con la finalidad de obtener rapidez en sus procedimientos legales, y que el día del incidente los isleños fueron convocados por la delegada del INM en Chiapas, Yadira de los Santos, convocatoria a la que acudieron otros activistas como Ramón Verdugo, personal del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez, así como Médicos del Mundo y defensores de derechos humanos de otras nacionalidades.
En tanto, los migrantes reiteraron que ha sido gracias al pueblo tapachulteco, y no a las organizaciones de activistas, que han logrado obtener alimentos, entre ellos frutas como banano y mango, además de recibir agua, ya que organizaciones promigrantes, así como la misma CNDH, no les han obsequiado ni siquiera un vaso de agua.
Además, también ignoran cuándo las autoridades migratorias atenderán a la población cubana que aún llega a Tapachula, después de haber transitado por más de 10 países, aunque 72 de sus connacionales fueron trasladados a Acayucan, Veracruz, luego de recibir su oficio de salida para continuar su peregrinar por México.
Precisaron que mientras a centroamericanos se les extendía el documento en dos o tres horas, la espera para ellos ha sido de hasta 30 días en algunos casos, y debido a la desesperación ha crecido la red de gestores o activistas que les cobran incluso cientos de dólares por el trámite.
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