Tula de Allende Hgo.- De 66 a 86 millones de pesos ascendió el monto del presunto desvío de recursos públicos de la pasada administración del Ayuntamiento de Tula que encabezó el exalcalde Manuel N en el año 2022, ya que se detectaron facturas de diversos servicios que se pagaron y luego se cancelaron.
Este municipio es uno de los que tienen más quejas ciudadanas en cuanto a obras públicas, pues presentan deficiencias físicas, el material no cumple especificaciones y son de mala calidad.
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El presidente municipal de Tula, Mario Francisco Guzmán, el director general de auditoría gubernamental, Fernando Barragán Pulido y el director general de Inspección y Vigilancia de obras y acciones, Saúl Emanuel Maxón Vera, informaron en conferencia de prensa celebrada en la sala de cabildo del palacio municipal.
“Se solicitó a autoridades estatales hacer una revisión sobre las finanzas en el Ayuntamiento como parte de la entrega-recepción, así como en áreas recaudadoras municipales que se involucran y los resultados no son nada alentadores y la ciudadanía necesita saber cómo se maneja la economía pública aquí”, indicó Francisco Guzmán.
Aseguró que el monto del supuesto desvío de recursos de la administración municipal pasada hasta este momento asciende a 86 millones de pesos, ya que se incrementó en las investigaciones.
El presidente municipal indicó que también se está haciendo una auditoría en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPYAT) y el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, donde encontraron irregularidades.
“El gobierno estatal se enfoca en la auditoria y nosotros en la CAPYAT y DIF y ahorita no se puede señalar a nadie por el proceso de investigación hasta que esté bien definida la investigación al Ayuntamiento. El presunto desvió igualmente se dio al parecer con sellos, facturas y comités falsos”, dijo el alcalde.
Mientras que Fernando Barragán mencionó que esta revisión al Ayuntamiento se dio por el cambio de administración municipal por el exalcalde quien presuntamente fue vinculado por supuesto desvío de recursos públicos y se lleva a cabo la revisión de obras y servicios con el fin de detectar irregularidades.
“Se detectó que algunas compras presentaron inconsistencias y en general la observación se estima en más de 80 millones de pesos y se removió a 23 directores de áreas municipales en dos meses y la contraloría tiene seis quejas ciudadanas”.
Finalmente, Saúl Emanuel Maxon refirió que se pagaron obras públicas que no beneficiaron a la población y por ello hay quejas ciudadanas porque en algunas de ellas presentan deficiencias físicas, material que no cumple especificaciones y son de mala calidad.
“Aproximadamente 28 obras de 2023 no se han recepcionado porque tienen alguna observación”, citó.
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