/ martes 18 de abril de 2023

Ley inmobiliaria evitaría estafa en Hidalgo

Solo tres estados de la República regula la actividad de la venta de casas y terrenos 

El 90% de las personas que asesoran en la venta de casas y terreno están en la informalidad, expuso la diputada Citlali Jaramillo, al proponer un decreto por el que se emite la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Hidalgo, en la que entre otros puntos, se pretende publicar un registro estatal de quienes cumplen los requisitos para ejercer esta actividad.

Expuso que en la mayoría de los Estados de la República no es necesario contar con una licencia para realizar esta actividad, a excepción de Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California, pero ante los cambios, es necesario regularizarla que, además de proteger a los usuarios, también se hará con la tierra.

De aprobarse, Hidalgo sería el cuarto estado en regularizar la prestación del servicio, además, protegerá a los usuarios de las malas prácticas, procesos y corrupción.

En cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 80 mil asesores inmobiliarios, de los cuales 10% se han profesionalizado, equivale a 8 mil. Por otra parte, el Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP), del 10% que cuenta con una profesionalización, mil 600 están adscritos a alguna asociación inmobiliaria.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que mediante la regularización se pretende reducir la informalidad en el sector de asesores inmobiliarios, pues actualmente, alcanza entre 80 a 90% y la meta es reducirla al 50.

Una vez que se apruebe, las y los asesores tendrán seis meses contados, a partir de su entrada en vigor, para comparecer ante la Secretaría de Desarrollo Económico para solicitar su inscripción al Registro y obtener su licencia.

Dentro de las sanciones que considera la propuesta de Ley es que durante la vigencia de su licencia hubieren sido condenados por delito doloso de carácter patrimonial relacionado con la actividad inmobiliaria, se cancelará su registro y revocará la licencia, pudiendo ser acreedor a una multa económica.


El 90% de las personas que asesoran en la venta de casas y terreno están en la informalidad, expuso la diputada Citlali Jaramillo, al proponer un decreto por el que se emite la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Hidalgo, en la que entre otros puntos, se pretende publicar un registro estatal de quienes cumplen los requisitos para ejercer esta actividad.

Expuso que en la mayoría de los Estados de la República no es necesario contar con una licencia para realizar esta actividad, a excepción de Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California, pero ante los cambios, es necesario regularizarla que, además de proteger a los usuarios, también se hará con la tierra.

De aprobarse, Hidalgo sería el cuarto estado en regularizar la prestación del servicio, además, protegerá a los usuarios de las malas prácticas, procesos y corrupción.

En cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 80 mil asesores inmobiliarios, de los cuales 10% se han profesionalizado, equivale a 8 mil. Por otra parte, el Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP), del 10% que cuenta con una profesionalización, mil 600 están adscritos a alguna asociación inmobiliaria.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que mediante la regularización se pretende reducir la informalidad en el sector de asesores inmobiliarios, pues actualmente, alcanza entre 80 a 90% y la meta es reducirla al 50.

Una vez que se apruebe, las y los asesores tendrán seis meses contados, a partir de su entrada en vigor, para comparecer ante la Secretaría de Desarrollo Económico para solicitar su inscripción al Registro y obtener su licencia.

Dentro de las sanciones que considera la propuesta de Ley es que durante la vigencia de su licencia hubieren sido condenados por delito doloso de carácter patrimonial relacionado con la actividad inmobiliaria, se cancelará su registro y revocará la licencia, pudiendo ser acreedor a una multa económica.


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