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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) identificó que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Hidalgo requiere aclarar si en los subprogramas de atención a la corrupción en la administración pública contarán con el apoyo de los gobiernos municipales.
De acuerdo con la evaluación del SNA sobre las políticas estatales anticorrupción, en el caso de Hidalgo se identificaron varias áreas de oportunidad como especificar sobre la forma en la que se articulan los ejes estratégicos del combate a la corrupción y que se efectúe de forma más efectiva.
El SNA detectó que las acciones de combate a la corrupción en el SEA de Hidalgo se necesita dar a conocer la forma en la que se atienden las principales necesidades con la coordinación municipal, ya que no se detalla si en los mismos se incluyen a los ayuntamientos en las labores transversales.
De la misma manera, el sistema nacional sostuvo que el SEA de Hidalgo debe exponer los medios en donde se presentan los informes de resultados y el impacto generado en las labores contra la corrupción ante la ciudadanía y el impacto que tienen sobre las mismas.
Por ello, Hidalgo es uno de los 14 estados del país cuyas políticas estatales anticorrupción no han sido aprobadas por el SNA, ya que las recomendaciones se encuentran en proceso de revisión para su respectiva valoración y una vez que se avalen su estatus será óptimo.
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Entre los aspectos positivos del SEA Hidalgo, los ejes estratégicos con nueve objetivos específicos se definen 41 prioridades de política pública con visión estratégica, así como premisas para su implementación en el ámbito municipal, aunado a que reconoce a los consejos ciudadanos como líderes de aplicación e integra a la Secretaría de Contraloría estatal y las contralorías municipales en tareas de ejecución.
Desde 2015 se integró el SEA como parte del modelo nacional de combate a la corrupción, en el que se incluyen diferentes dependencias en labores de prevención, detección y sanción a los hechos de corrupción de la administración pública como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y la Secretaría de Contraloría estatal.
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