.JPG "VERIFI MESAS F BEG (2).JPG")
“Con ojos de corrupción” será revisado el caso de los 49 “verificentros” a los que les revocó el gobierno estatal anterior su concesión por supuestamente manipular el equipo con que se realiza el proceso, sin ofrecer pruebas, por lo que funcionarios de la Dirección General de Gobernación de la actual administración pública hidalguense ofrecieron una mesa de diálogo para darles una respuesta.
Lo anterior fue informado por Jacqueline Magdalena Fosado Vargas, quien junto con otros dueños de Unidades de Verificación Vehicular (UVV), fueron atendidos por Jorge Miguel García, Antonio Vázquez y Mario Viornery, en la oficina de la Dirección General de Gobernación, a quienes les expusieron las maniobras presuntamente ilegales para retirarles sus permisos de operación.
Específicamente les dijeron que no hubo pruebas, menos evidencias, de que hubiesen alterado la plataforma que les proveía la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales de Hidalgo, por la cual les cobraba una renta anual de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), 19 mil 244 pesos.
También les informaron a los servidores públicos, que antes de concluir el sexenio estatal 2016-2022 licitaron una nueva plataforma digital para verificar los vehículos que costó mil 200 por ciento más que la anterior de un millón 485 mil pesos.
Los funcionarios les dijeron que hoy 10 de octubre les darían fecha, hora y lugar para la primera mesa de trabajo en la cual analizarían su caso para poder darles una respuesta y que por lo visto, habrán de comentarle al gobernador Julio Menchaca para que tome decisiones dentro de sus facultades.
Una vez concluida la reunión, salieron a informarles al resto de sus compañeros sobre el acuerdo verbal y decidieron acudir a la oficina de la Semarnath para entregar un oficio en el que les solicitan revisen los expedientes de cada uno de los 49 verificentros de los 52 que existían.
También te puede interesar: Verificentros siguen varados
Los que les fueron revocadas sus concesiones se ampararon y al menos en nueve se los otorgaron, están abiertos pero sin papelería y plataforma para poder trabajar.
Al año, indicaron, para el gobierno del estado la operación de 52 UVV representan ingresos por 160 millones de pesos en conjunto.
