BARCELONA, España. La incertidumbre era total ayer en torno a la celebración de la sesión programada para hoy en el Parlamento de Cataluña para investir nuevamente como presidente regional al independentista Carles Puigdemont, quien mantenía la incógnita sobre si regresaría a España.
Instalado en Bélgica para eludir la acción de la justicia española, que lo acusa de rebelión y sedición por su papel en la fallida declaración de independencia en Cataluña el 27 de octubre, Puigdemont es el único candidato para la sesión convocada en la cámara regional hoy.
Pero el Tribunal Constitucional, reunido de urgencia el sábado por un recurso del Gobierno español contra la candidatura de Puigdemont, emitió un dictamen que prohíbe una investidura a distancia.
Puigdemont debe regresar a España, donde puede ser apresado, y pedir permiso al juez del Tribunal Supremo que instruye el caso contra el núcleo duro del independentismo para acudir a la cámara catalana, dispuso el Constitucional.
Además, la corte advirtió al presidente del Parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, que debe respetar el dictamen so pena de incurrir en responsabilidades penales.
Dentro de la batalla judicial, Puigdemont y su partido Juntos por Cataluña pidieron ayer la nulidad del dictamen del Constitucional, al considerar que vulnera "derechos fundamentales" de los diputados del Parlamento.
"Un señor fugado de la justicia no puede ser presidente de nada", fustigó el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.
Elevando las expectativas de un posible regreso, Puigdemont solicitó en un escrito a Torrent que tome "las medidas necesarias para salvaguardar" sus derechos y poder someterse al pleno de investidura.
Está previsto que la Mesa de esa Cámara se reúna a primera hora de hoy para decidir si mantiene el pleno de la tarde.
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