El Estado mexicano ha fallado en la protección a periodistas y defensores de Derecho Humanos, reportó la Auditoría Superior de la Federación en su Cuenta Pública 2018 al Congreso.
En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicara las causas de los rechazos.
El organismo fiscalizador destaca que en la Protección Integral de Periodistas, el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas y aquellas acciones para protegerlos de los riesgos “han resultado fallidas’’.
Las labores de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República para prevenir las agresiones, proteger la vida e integridad del gremio periodístico, así como atender a las víctimas y procurar justicia, “fueron implementadas de forma deficiente’’.
Lo anterior, debido a las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad del ejercicio pleno del periodismo.
En materia de prevención, a 2018, el Mecanismo de Protección no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo’’, señala el documento de la ASF.
Por lo que corresponde a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de delito.
Sigue un rezago de 69.5% para averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, lo que no permitió evitar la impunidad de los agravios, no garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad ni su derecho a la libertad de expresión, y por tanto, no fue posible asegurar un Estado democrático de derecho.
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