/ martes 4 de febrero de 2020

De nuevo, retrasan el análisis de Ley Bonilla

El recurso de reclamación fue promovido por el actual gobierno estatal, en contra de la controversia constitucional presentada por el gobernador anterior

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco instructor en el caso de la llamada “Ley Bonilla” informó que el gobierno de Baja California, interpuso un recursos de reclamación en contra de la controversia constitucional en contra de dicha ley, por lo que su análisis en el pleno de la Corte se retrasara nuevamente.

Aunque no hay fecha de análisis de la ley que permite al actual gobernador Jaime Bonilla Valdez ampliar de dos a cinco años el periodo de su administración, otra de las acciones que ha retrasado la solución de este asunto, es la negativa del Congreso estatal para entregar una copia certificada del bando solemne, donde se notificó oficialmente a la ciudadanía del resultado de la elección.

El recurso de reclamación fue promovido por el actual gobierno estatal, en contra de la controversia constitucional presentada por el gobernador anterior, Francisco Vega de Lamadrid.

Mediante un acuerdo, el ministro Franco refiere que está pendiente de dictarse resolución en el recurso de reclamación 178/2019-CA, derivado de la controversia constitucional en que se actúa, por lo que se reserva fijar fecha para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

La discusión de la denominada “Ley Bonilla” ha tenido que ser postergada debido a acciones que han retrasado la solución de este asunto, es la negativa del Congreso estatal para entregar una copia certificada del bando solemne, donde se notificó oficialmente a la ciudadanía del resultado de la elección.

Por ello, Franco tuvo que emplazar al Legislativo estatal para que entregara dicho documento, so pena de aplicarles una multa.

Es de recordar que además de la controversia del gobernador saliente, la ley Bonilla fue impugnada ante la SCJN mediante seis acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el partido local de Baja California (PBC).

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco instructor en el caso de la llamada “Ley Bonilla” informó que el gobierno de Baja California, interpuso un recursos de reclamación en contra de la controversia constitucional en contra de dicha ley, por lo que su análisis en el pleno de la Corte se retrasara nuevamente.

Aunque no hay fecha de análisis de la ley que permite al actual gobernador Jaime Bonilla Valdez ampliar de dos a cinco años el periodo de su administración, otra de las acciones que ha retrasado la solución de este asunto, es la negativa del Congreso estatal para entregar una copia certificada del bando solemne, donde se notificó oficialmente a la ciudadanía del resultado de la elección.

El recurso de reclamación fue promovido por el actual gobierno estatal, en contra de la controversia constitucional presentada por el gobernador anterior, Francisco Vega de Lamadrid.

Mediante un acuerdo, el ministro Franco refiere que está pendiente de dictarse resolución en el recurso de reclamación 178/2019-CA, derivado de la controversia constitucional en que se actúa, por lo que se reserva fijar fecha para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

La discusión de la denominada “Ley Bonilla” ha tenido que ser postergada debido a acciones que han retrasado la solución de este asunto, es la negativa del Congreso estatal para entregar una copia certificada del bando solemne, donde se notificó oficialmente a la ciudadanía del resultado de la elección.

Por ello, Franco tuvo que emplazar al Legislativo estatal para que entregara dicho documento, so pena de aplicarles una multa.

Es de recordar que además de la controversia del gobernador saliente, la ley Bonilla fue impugnada ante la SCJN mediante seis acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el partido local de Baja California (PBC).

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