La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos ordenó a la Corte Federal de Boston, Massachusetts, continuar con la demanda civil que interpuso el gobierno de México en contra de 11 empresas fabricantes de armas de aquella nación.
La apelación emitida por dicha instancia judicial de la Unión Americana anuló la decisión de un juez que el 30 de septiembre de 2022 desestimó la demanda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra las armerías estadounidenses.
Tras dicho fallo, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que esta “victoria legal” avanza para la rendición de cuentas de quienes comercian armas con negligencia.
El funcionario de la cancillería señaló, no obstante, que esta decisión de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de la Unión Americana “no pueda traer de regreso a las personas fallecidas o sanar las heridas causadas por ellas en México”.
El 4 de agosto de 2021, el gobierno de México, a través del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, interpuso una demanda ante la Corte Federal en Boston, Massachusetts, en contra de 11 compañías productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos que, dijo, “tienen un 70 por ciento de responsabilidad con la violencia registrada en México”.
Cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde la Unión Americana y, sólo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México”, subrayó el excanciller en aquella ocasión.
Enfatizó que “a mayor disponibilidad de armas, vas a tener mayor número de homicidios y mayor violencia”.
Al día siguiente de presentar dicha demanda López Obrador aseguró que estas compañías "hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada” y manifestó que “la demanda está dirigida a dichas empresas privadas y no contra el gobierno estadounidense”.
Para septiembre de 2022, el juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital de Estados Unidos, en Massachusetts, desestimó la demanda interpuesta por el gobierno de México y por la que pedía una indemnización de 10 millones de dólares.
El juez determinó que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente las usa para el propósito con el que se crearon.
“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, indicó el juez en su fallo.
En la apelación de dicho fallo, la representación de México basó la argumentación en que la Ley de inmunidad para las distribuidoras y productoras, conocida como PLCAA, no es extraterritorial, es decir, no aplica por daños ocurridos en países extranjeros.
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