/ jueves 15 de diciembre de 2022

Avanza en comisiones iniciativa para que la Sedena vigile y controle el espacio aéreo

El dictamen recibió luz verde con 16 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones en la comisión de la Defensa Nacional

Las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobaron una iniciativa para otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de vigilar y controlar el espacio aéreo.

El dictamen para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de este año, recibió luz verde con 16 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones en la comisión de la Defensa Nacional y 19 a favor, cinco en contra y seis abstenciones en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

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Con el nuevo ordenamiento, que se prevé sea sometido hoy a votación en el Pleno, se crea un Sistema de vigilancia y Protección del Espacio Aéreo en el que participará la Sedena, Marina, las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Gobernación.

El Sistema se encargará de la detección, identificación e intercepción de vuelos clandestinos, de acuerdo con el artículo 20 de la citada ley.

La ley también plantea la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo Mexicano integrado por el titular del Ejecutivo, que lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sedena, Marina, SICT y SSPC.

La presidenta de la comisión, Juanita Guerra, destacó que la ley busca mejorar el ordenamiento de tránsito aéreo de bienes y personas, evitará actos que pongan en peligro la integridad de las personas, la infraestructura, así como los bienes a través del establecimiento de medidas de prevención y respuesta efectiva.

 

 

Inhibirá actos de corrupción que atentan contra la seguridad aérea y fomenten el tráfico de droga por vía aérea, coadyuvará a garantizar la seguridad de la nación, salvaguardar el espacio aéreo mexicano por medio de creación de mecanismos e instituciones especializadas.

La diputada afirmó que la Sedena ha detectado irregularidades en la aviación privada: licencias de vuelo falsas, suplementación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación de pistas clandestinas.

El diputado Francisco Huacus, del PRD, dijo que es urgente inhibir el tráfico de drogas por la vía aérea pero ello no implica dar a la Sedena más facultades.

“El fin que atiende la iniciativa de combate al narcotráfico es válido, sin embargo, no justifica otorgar el control y la capacidad de decisión a las fuerzas armadas que deberían permanecer siendo únicamente ejecutoras de decisiones (...) Démonos tiempo de analizar correctamente datos y acciones que de verdad puedan hacer un cambio con el combate al crimen organizado y no solamente asignar otra función a la Sedena ”, dijo.

La diputada Margarita Zavala, del PAN, criticó la premura con la que se aprobó la iniciativa que no permitió analizar la iniciativa del Ejecutivo.

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Agregó que en el análisis no se revisaron los tratados internacionales sobre el espacio aéreo ni se consultó a la Organización de Aviación Civil Internacional.

Las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobaron una iniciativa para otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de vigilar y controlar el espacio aéreo.

El dictamen para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de este año, recibió luz verde con 16 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones en la comisión de la Defensa Nacional y 19 a favor, cinco en contra y seis abstenciones en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

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Con el nuevo ordenamiento, que se prevé sea sometido hoy a votación en el Pleno, se crea un Sistema de vigilancia y Protección del Espacio Aéreo en el que participará la Sedena, Marina, las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Gobernación.

El Sistema se encargará de la detección, identificación e intercepción de vuelos clandestinos, de acuerdo con el artículo 20 de la citada ley.

La ley también plantea la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo Mexicano integrado por el titular del Ejecutivo, que lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sedena, Marina, SICT y SSPC.

La presidenta de la comisión, Juanita Guerra, destacó que la ley busca mejorar el ordenamiento de tránsito aéreo de bienes y personas, evitará actos que pongan en peligro la integridad de las personas, la infraestructura, así como los bienes a través del establecimiento de medidas de prevención y respuesta efectiva.

 

 

Inhibirá actos de corrupción que atentan contra la seguridad aérea y fomenten el tráfico de droga por vía aérea, coadyuvará a garantizar la seguridad de la nación, salvaguardar el espacio aéreo mexicano por medio de creación de mecanismos e instituciones especializadas.

La diputada afirmó que la Sedena ha detectado irregularidades en la aviación privada: licencias de vuelo falsas, suplementación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación de pistas clandestinas.

El diputado Francisco Huacus, del PRD, dijo que es urgente inhibir el tráfico de drogas por la vía aérea pero ello no implica dar a la Sedena más facultades.

“El fin que atiende la iniciativa de combate al narcotráfico es válido, sin embargo, no justifica otorgar el control y la capacidad de decisión a las fuerzas armadas que deberían permanecer siendo únicamente ejecutoras de decisiones (...) Démonos tiempo de analizar correctamente datos y acciones que de verdad puedan hacer un cambio con el combate al crimen organizado y no solamente asignar otra función a la Sedena ”, dijo.

La diputada Margarita Zavala, del PAN, criticó la premura con la que se aprobó la iniciativa que no permitió analizar la iniciativa del Ejecutivo.

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Agregó que en el análisis no se revisaron los tratados internacionales sobre el espacio aéreo ni se consultó a la Organización de Aviación Civil Internacional.

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