La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ya inició las respetivas denuncias penales en los casos de la pérdida de las 11 estaciones de la Radio estatal, por las presuntas anomalías de corrupción en el Tuzobús y mencionó la geolocalización aplicada en dos alcaldes prófugos de la justicia por la “Estafa Siniestra”.
Lo anterior, de acuerdo con el encargado del Despacho de esta dependencia estatal, Santiago Nieto Castillo, al detallar la situación legal de estos tres asuntos sospechosos de corrupción.
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En entrevista, indicó el funcionario estatal la denuncia por las omisiones del Tuzobús, pues detalló que, al igual que en la Secretaría de Movilidad, avanzan en la integración de la carpeta de investigación por un presunto hecho de corrupción a causa de una contratación indebida.
Con relación al monto en este delito, manifestó que se realiza el cálculo, “son varios millones de pesos relacionados con un contrato en particular”.
De igual forma ya realizaron una carpeta de investigación por no renovarse las concesiones de 11 estaciones en la entidad.
Respecto a los tres presidentes municipales de Epazoyucan, Huautla y Yahualica, involucrados en la malversación de fondos y bajo la vinculación a proceso, reiteró que el Congreso del Estado deberá llamar a los suplentes para asuman el cargo público.
En el caso particular de Pisaflores y Nopala de Villagrán, será el titular de la Secretaría General Municipal quien se encargue de gobernar durante 15 días, mientras les dan seguimiento al proceso legal de los dos mandatarios municipales.
Ambos fueron declarados como prófugos de la justicia, por ello los dos cuentan son buscados mediante un sistema denominado “geolocalización” que les ha permitido saber que uno de ellos está fuera de la entidad.
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“Van a tener que comparecer ante el Juzgado y nosotros vamos a solicitar en el Juzgado la vinculación a proceso”, explicó.
También mencionó que ante los juicios de amparo promovidos para evitar la ejecución de las ordenes de aprehensión, el encargado de la Procuraduría del Estado indicó que no implica impunidad, “a partir del amparo ellos tienen que apersonarse en el Juzgado y si no lo hicieren, nosotros solicitaríamos otra medida cautelar para el efecto de poder llevarlos ante el juzgado y llevarlos a proceso”.
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