El secretario de Educación en el Estado, Natividad Castrejón Valdez, informó que suman tres casos por presunto acoso o abuso sexual cometidos dentro de planteles educativos en Hidalgo.
Además, al referirse sobre la escuela secundaria general Felipe Angeles, ubicada en Atotonilco de Tula, donde se registró el segundo caso de intoxicación masiva, dijo que el desalojo de hace unos días fue “aparatosa y excesiva”.
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En lo que respecta al primer tema, el funcionario estatal habló que son tres casos de presunto acoso o abuso cometidos dentro de los planteles educativos y se ubican en Tulancingo, Tizayuca y Mineral de la Reforma. Todos bajo investigación.
En este último municipio, sobre la acusación del presunto abuso sexual a un estudiante del preescolar José Rosas Moreno, explicó que “yo tengo la información interna, pero prefiero que haga sus peritajes la Procuraduría”.
Puntualizó que si personal de este centro educativo cometió un delito, existe un “protocolo cero y tiene que asumir la responsabilidad legal y profesional”, pero primero debe cumplirse con el proceso legal.
Se fió en el buen trabajo que la Procuraduría del Estado habrá de desarrollar en este asunto, sin embargo, adelantó que existen otras cosas en el contexto.
A pregunta expresa, respondió que la acción en procuración de justicia no fue tardía, pues cumplió con los tiempos del proceso y agregó “confío en que no haya sido violentado ningún niño”.
Mencionó que nadie ha sido destituido del plantel educativo, incluso la directora escolar tiene una presunción de inocencia hasta que no haya un juicio judicial que la acuse como responsable, pues señaló que ella cumplió con sus facultades en este tipo de casos.
Por el momento, no podrá presentarse en la escuela hasta que concluya jurídicamente qué procede, pues los 14 trabajadores ya realización su declaración penal.
Sólo es cuestión de esperar, señaló el funcionario estatal, pues exámenes químicos como psicológicos fueron aplicados.
“Comprendo el enojo, el dolor, si un niño fue afectado la preocupación de los padres y madres de familia, pero la SEPH tampoco nos prestamos a linchamientos. Se tiene que actuar conforme a derecho. Si hay alguien responsable deberá asumir la responsabilidad legal, pero no podemos meter a las maestras y maestros hablar de todos como si fuera algo colectivo”, expresó.
Con relación a la secundaria cerrada, dijo que fue desalojada por personal de la Procuraduría del Estado a fin de realizar diligencias como parte de la investigación.
Sin embargo, expuso que se realizó la actividad con una falta de coordinación entre la dependencia educativa y de la procuración de justicia a fin de evitar la alerta entre padres de familia por tal acción.
