TULA DE ALLENDE, Hgo.- Ayer fue suspendido el juicio que se sigue contra el presidente municipal y tesorero municipal de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez y Javier Pliego Munguía, quienes fueron denunciados por el delito de violencia política en razón de género por la síndica Ericka Mendoza García, porque un Juez federal dio entrada a un Amparo que interpusieron los acusados.
El proceso penal, que les sigue a los funcionarios por la Causa penal 677/2022, está por entrar a la etapa intermedia. Ayer se celebraría la audiencia a las 12 horas pero sufrió un retraso porque los abogados de ambas partes, la Ministerio Público Norma Villeda y Rafael Almaraz, así lo solicitaron para hablar con sus clientes y darles a conocer nueva información.
Finalmente, el Juez del Distrito Judicial de Tula que le tocó conocer el caso, Rafael Soubervill García, determinó suspender el juicio. Les explicó que el Juez Primero de Distrito de Pachuca admitió a estudio un Amparo contra el auto de vinculación a proceso.
Y sería ocioso, les dijo, continuar con el proceso porque de otorgarse la protección de la justicia federal al alcalde y tesorero, lo que se resolviera en este juzgado quedaría sin efectos, por lo que determinó suspender el juicio hasta que se resuelva el Amparo.
Buscan la reparación del daño
En entrevista Ericka Mendoza, quien está suspendida provisionalmente de sus funciones como síndica, explicó que el abogado de los acusados previo a esta audiencia tuvo un acercamiento con el Ministerio Público que la representa y buscan una salida alterna que consiste en hacer un Acuerdo Reparatorio.
El acuerdo que estuvieron explorando consiste en una compensación económica para la síndica por el daño que le ocasionaron que contempla los gastos que ha hecho en el juicio, que los presuntos agresores le pidan disculpas públicas y que tomen un curso sobre control de violencia.
Además de ello solicitaba su restitución en el cargo, como también lo está exigiendo en procedimientos que interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y Derechos Humanos, pero debido a que el juicio fue suspendido hasta que se resuelva el Amparo, lo que se llevará entre tres y seis meses, la síndica dijo que ve complicado que suceda su reinstalación.
Refirió que aunque fuera parte del acuerdo, solo queda un año cinco meses de gobierno y ella fue inhabilitada por la Contraloría Municipal de Tlaxcoapan, porque le iniciaron un procedimiento administrativo en el Tribunal Fiscal Administrativo, por posibles delitos de daño al erario público, por no haber realizado un trámite ante el Sistema de Administración Tributaria y se le impuso como medida cautelar la separación provisional del cargo.
Explicó que mientras se resuelve el amparo, tendrán oportunidad las partes de discutir sobre la posible resolución del conflicto por un medio alternativo.
El alcalde Jaime Pérez, no quiso hacer comentarios respecto a la audiencia.