Supervisarán los 115 anexos de Hidalgo 

Mientras de noviembre de 2022 a julio de 2023 pasaron de 43 centros de rehabilitación contra las adicciones (granjas o anexos) a 115 del sector privado, se debe a que había dos directorios: el de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y el de la Comisión para la protección contra riesgos sanitarios del estado de Hidalgo (Copriseh) y por eso el aumento.

Eso lo explicó el comisionado de la Copriseh, Luis Alberto Mercado Hernández, médico veterinario zootecnista egresado de la UNAM, quien a poco más de un mes de ser designado en ese cargo, dijo que la cifra es resultado de un cotejo con las autoridades municipales y la unificación de los listados de su área con Salud Pública de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) que toma como referencia la de la Conadic.

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Informó que tiene puesta la mira en todos ellos para que con supervisiones y conforme a sus facultades y atribuciones se regularicen los que no estén cumpliendo con la NOM-028-SSA-2/2009.

“Ahí establece cómo debe tratarse a un paciente adicto; no es con baños de agua fría, no es a palos, dejarlo sin comer. Es respetando sus derechos humanos y apegándose a un tratamiento que le ayude a superar sus adicciones”, destacó.

Adelantó que este mes contempló una capacitación al personal de esos 115 centros del sector privado, con el fin de que sus servicios cumplan con la norma oficial mexicana.

Pero también, enfatizó, para que lis usuarios conozcan “la realidad” de esos lugares, porque “esto debe cambiar cuando la gente exija este servicio de calidad bajo un esquema de privacidad”, puesto que pagan por ello.

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La SSH cuenta con dos centros públicos, uno en Pachuca y el otro en Tulancingo, que se suman al total de instalaciones para rehabilitación, obviamente operando debidamente, apuntó.

En el tiempo que lleva frente a la Copriseh, ha realizado tres supervisiones a igual número de espacios de ese tipo en el que encontraron que “cumplen de manera general” con la norma y solo hubo “algunas correcciones” que deben realizar, mientras que hay 12 suspendidos hasta que se regularicen, indicó.

En esos casos, se procede al desalojo de los inmuebles otorgando un tiempo para que llamen a los familiares de los pacientes y acudan por ellos, o les busquen un lugar donde continúen su tratamiento, luego se procede al cierre sancionatorio.