Luego de que entró en vigor la reforma a la Ley de la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos en el estado que prohíbe el uso de bolsas de plástico y popotes, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente en el Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, aseguró que los empresarios son cada vez más conscientes sobre este tema.
La legisladora emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que con la nueva medida los empresarios dedicados al sector de los plásticos pueden estar molestos y ha dialogado con varios representantes de este sector que ha sido afectado en cuanto a sus ganancias, pero afirmó que es necesario generar políticas públicas que beneficien a la mayoría de la ciudadanía y al medio ambiente.
De acuerdo con la exsubsecretaria de Educación Básica estatal, las empresas que distribuyen plásticos tendrán que migrar de productos en cuanto la ciudadanía deje de utilizarlos, por lo que tendrán que transformar sus materiales por otros que sean amigables con el medio ambiente. Agregó que el plástico “está en nuestras vidas”, pero afirmó que la ciudadanía debe cuestionarse sobre lo que debe hacer para volver a lo natural, por lo que la industria de los plásticos también tendrá que transitar hacia otros productos que sean menos agresivos para el medio ambiente.
Mencionó que la nueva normativa se aplica a partir del 15 de junio en los pequeños establecimientos y en las grandes empresas desde el pasado 15 de abril, por lo que afirmó que ha existido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, ya que la mayoría de los consumidores utilizan bolsas de tela u otros materiales para depositar sus productos, situación que anteriormente no sucedía.
Pérez Perusquía afirmó que esta nueva normativa promueve la conciencia ciudadana para que se atiendan los problemas derivados de la generación de gases de efecto invernadero por los plásticos que son de un solo uso, aunado a que afirmó que los resultados podrán ser visibles al finalizar el año cuando se mida dicha situación.
Con respecto a las quejas de las organizaciones civiles ambientalistas que han demandado aumentos a los impuestos a las empresas que extraen grandes cantidades de agua en el estado, la legisladora local dijo desconocer el tema, por lo que aseveró que lo analizará para determinar si es facultad de la Federación o del gobierno estatal.
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