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Los servidores públicos que entorpezca o retarden las investigaciones relacionadas con la violencia digital y violencia vicaria en materia de procuración y administración de justicia, alcanzarán hasta la prisión.
Así lo aprobó el Congreso del Estado tras la iniciativa expuesta por el diputado local Jorge Daniel Tapia García con proyecto de decreto para reformar el último párrafo del Artículo 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
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Por ello se decretó imponer de tres a cinco años de prisión y multa de 10 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Lo anterior con el objetivo aumentar la sanción a las y los servidores públicos que influyan en el proceso penal de delitos por la violencia digital y violencia vicaria.
Detalla que Hidalgo es una de las entidades federativas del país sin contar con una sanción más seria cuando se ejerce este tipo de actos.
“El estado de Hidalgo es de las entidades federativas que garantiza protección de procuración y administración de justicia en las investigaciones de feminicidio o quien dolosamente lesione a una mujer. Sin embargo, se busca proteger a otros sectores de la población que durante años han luchado por una justicia honesta e imparcial”, manifestó.
La violencia digital son todos los actos cometidos, incitados o agravados en parte o totalmente por medio del uso de Tecnologías de la Información (TIC), plataformas, virtuales y digitales, que causan daño a la dignidad, integridad, seguridad o al bienestar de las personas.
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Tiene que ver con el ciberacoso, el grooming, phishing, sextorsión y el cracking.
Mientras que la violencia vicaria es la acción u omisión cometida en contra de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno- filial, utilizando la violencia.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que, desde la ejecución de la Ley Olimpia en la entidad hasta julio del 2023, el Poder Judicial recibió 562 carpetas de investigación por violencia digital, de los cuales 39 denunciantes son hombres, y más de 500 carpetas corresponden a mujeres.
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