Por los presuntos delitos defraude procesal, desvío de recursos y malversación de fondos, así como incumplimiento de un deber legal, la actual administración municipal de Francisco I. Madero presentó una denuncia penal en contra del exalcalde Lucas Pablo N.N., y de la exsíndico Paulina N.N.
Lo anterior fue informado por el actual presidente y apoderado legal del municipio de Francisco I. Madero, Ricardo Olguín Pardo, al tiempo que indicó que el monto reclamado asciende a 57 millones de pesos que no han sido comprobados y que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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En entrevista con El Sol de Hidalgo detalló que luego de la auditoría que llevó acabo la Secretaría de la Contraloría se solicitó al ayuntamiento iniciar acciones legales correspondientes porque se presumen actos de corrupción. Indicó que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de recursos federales, ante la Procuraduría de Justicia de Hidalgo y ante la Fiscalía Anticorrupción.
Las acusaciones, explicó, también derivan de la existencia de alrededor de 45juicios laborales en etapa de ejecución a ese momento, la mayoría de ellos perdidos, en donde se ordena la reinstalación, el pago de prestaciones, así como el pago de salarios caídos de los trabajadores, la deuda asciende a 18 millones de pesos en laudos laborales de los que se han cubierto cinco millones de pesos. Sin embargo, se detectó que los empleados reclaman prestaciones que sí les fueron pagadas, pruebas que no fueron atacadas en su momento por los apoderados legales que eran el alcalde y la síndico (2016-2020),dicha omisión es la razón de los altos costos, por lo que se presume corrupción.
“Hubo una nula defensa ante el Tribunal y hoy el ayuntamiento cuenta con esas deudas y algunas prestaciones que ya se habían pagado y pretenden que hoy se vuelvan a pagar”, expresó.
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El alcalde destacó que aún falta la auditoría que se realiza al ejercicio 2019-2020 y que entreguen observaciones, por lo que se prevé que el desvío de recursos supere los 100 millones de pesos.
Ricardo Olguín comentó que “históricamente se ha sabido que muchos exservidores han hecho mal uso del recurso público y ¿qué hacen en contra de ellos?
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