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Para la dirigencia estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el alcalde de Tula, Manuel “N”, sigue siendo el gobernante del municipio, considerado para candidato de los comicios 2024 y su detención en prisión preventiva obedece a una supuesta persecución política y que probablemente no cumplió con un aspecto técnico-administrativo en asignar recursos públicos para damnificados de la inundación de septiembre de 2021.
En conferencia de prensa expusieron lo anterior el presidente estatal, Jorge Pérez Viveros; el secretario de Asuntos Electorales, Francisco Vicente Ortega Sánchez, y el representante del partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila Romero, quienes solicitaron un proceso apegado a derecho y que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, ofrezca pruebas contundentes de su acusación.
“Venimos a dar la cara y que haya un juicio justo y el PRD será respetuoso de lo que resuelva la autoridad”, resaltaron.
Comentaron que un dato que llevó a la denuncia contra el alcalde es por unos supuestos colchones que no cumplían la calidad, pero hasta el momento no hay un dictamen sobre ellos y las irregularidades encontradas.
Dijeron que si se quiere encontrar culpables, deberían investigar a las autoridades de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua, como el origen de la inundación en septiembre de 2021, “en la repartición de culpas se fueron por lo más fácil”.
Defendieron la inocencia del inculpado: “tenemos nuestras dudas sobre la asignación de recursos públicos ante la catástrofe”, por lo que sospechan que fue el procedimiento que no cumplió el alcalde en la asignación y separaron el señalamiento contra él del desvío millonario por el cual hay varios ahora exalcaldes imputados en la denominada Estafa siniestra.
No quieren suponer que su prisión preventiva sea “un arma política” para evitar su participación en los próximos comicios del año entrante.
