/ jueves 30 de mayo de 2024

Piden eliminar figura de arraigo en Hidalgo

El jurista mencionó que se necesitan mecanismos para garantizar la presunción de inocencia

El presidente de la Asociación de la Defensa Integral por los Derechos Humanos de Hidalgo, Gerardo Romero García, pidió eliminar la figura del arraigo en el estado, pues al igual que la prisión preventiva oficiosa son violatorias a los derechos humanos en el estado a las personas acusadas de la comisión de algún delito.

El jurista explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México eliminar ambas figuras que aún se practican, pues se puede impulsar un modelo más orientado a la justicia restaurativa, misma que permite la reparación integral del daño en aquellos delitos que no sean considerados como graves.

De acuerdo con también defensor legal, es fundamental que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas acusadas de cualquier delito, no obstante, tanto con la prisión preventiva como con el arraigo se priva de la libertad a alguien violando el principio de presunción de inocencia.

Agregó que en México ocurre que las personas que son vinculadas a proceso regularmente son privadas de la libertad, aunque deberían establecerse mecanismos específicos sobre las formas en las que se garantiza el acceso a la justicia para quienes sean imputados por algún ilícito.

Asimismo, manifestó que este tipo de figuras no deben permitirse, pues de lo contrario se podría incidir en las condiciones que vulneran los derechos humanos, pues las autoridades deben presentar las pruebas necesarias para que una persona detenida permanezca recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

De la misma manera, manifestó que los mecanismos de protección a los derechos humanos deben estar orientados a que una persona no sea privada de la libertad, ya que en ocasiones se trata de una decisión política, pero no jurídica y solamente puede aplicarse cuando se trate de la prisión preventiva justificada.

Los 32 gobernadores del país pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la figura de prisión preventiva, ya que consideraron que con esta medida se evitaría el acceso a la justicia de miles de víctimas y se dejaría libre a miles de criminales.


El presidente de la Asociación de la Defensa Integral por los Derechos Humanos de Hidalgo, Gerardo Romero García, pidió eliminar la figura del arraigo en el estado, pues al igual que la prisión preventiva oficiosa son violatorias a los derechos humanos en el estado a las personas acusadas de la comisión de algún delito.

El jurista explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México eliminar ambas figuras que aún se practican, pues se puede impulsar un modelo más orientado a la justicia restaurativa, misma que permite la reparación integral del daño en aquellos delitos que no sean considerados como graves.

De acuerdo con también defensor legal, es fundamental que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas acusadas de cualquier delito, no obstante, tanto con la prisión preventiva como con el arraigo se priva de la libertad a alguien violando el principio de presunción de inocencia.

Agregó que en México ocurre que las personas que son vinculadas a proceso regularmente son privadas de la libertad, aunque deberían establecerse mecanismos específicos sobre las formas en las que se garantiza el acceso a la justicia para quienes sean imputados por algún ilícito.

Asimismo, manifestó que este tipo de figuras no deben permitirse, pues de lo contrario se podría incidir en las condiciones que vulneran los derechos humanos, pues las autoridades deben presentar las pruebas necesarias para que una persona detenida permanezca recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

De la misma manera, manifestó que los mecanismos de protección a los derechos humanos deben estar orientados a que una persona no sea privada de la libertad, ya que en ocasiones se trata de una decisión política, pero no jurídica y solamente puede aplicarse cuando se trate de la prisión preventiva justificada.

Los 32 gobernadores del país pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la figura de prisión preventiva, ya que consideraron que con esta medida se evitaría el acceso a la justicia de miles de víctimas y se dejaría libre a miles de criminales.


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