El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos, pidió a los representantes legislativos de los partidos políticos de oposición que eviten que sea aprobada la reforma electoral que impulsa el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El representante de la Coparmex en la entidad sostuvo que todos los integrantes de la misma a nivel nacional han manifestado su inconformidad con la reforma electoral que pretende modificar el marco normativo del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que sería un retroceso democrático para el país.
De acuerdo con Batres Campos, es necesario que los partidos políticos de oposición no aprueben la reforma electoral, pues también atentaría contra la diversidad de la democracia, debido a que eliminaría las diputaciones plurinominales, mismas que son esenciales para darle mayor pluralidad al Poder Legislativo.
Agregó que se deben fortalecer los organismos electorales y no debilitarlos para que funcionen bajo los intereses del Estado, ya que enfatizó que el modelo de árbitro electoral ciudadano ha sido funcional y ha permitido que se dé claridad sobre los procesos electorales.
Indicó que la reforma electoral que pretende impulsar Morena en el Congreso de la Unión impactará en los avances democráticos que ha construido la sociedad civil durante años que ha luchado por promover instituciones sólidas que garanticen procesos electorales democráticos y transparentes.
Por ello, en Hidalgo organizarán foros y espacios de diálogo en los que se den a conocer los efectos que derivarían en la reforma electoral que ha promovido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que el INE ejerce gastos excesivos para la organización de procesos electorales.
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Las dirigencias nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han manifestado su inconformidad con la reforma electoral que busca aprobar Morena, aunque para ello necesitará la validación de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y el Senado, así como en al menos 17 congresos estatales.
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