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En Hidalgo, al último corte, hay una comunidad de 4 mil 468 personas privadas de su libertad distribuidos en 15 cárceles, pero ¿qué edad tienen los presos? El 67 por ciento de la población (2 mil 989) que se encuentra privada de su libertad tiene entre 25 y 44 años de edad.
Lo anterior, con base en información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Asimismo, el 10 por ciento (462) estaba entre el rango de 45 a 49 años, 9.5 por ciento (427) entre los 18 y 24 años de edad y 4.58 por ciento (210) son mayores de 60 años.
De acuerdo con los datos que arroja la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), al 31 de diciembre de 2020, el 34 por ciento de los internos enfrentaba su proceso; 5.25 por ciento, ya había sido sentenciado, pero no había firmeza en la resolución; y 53.54 por ciento ya tenían una sentencia condenatoria sin posibilidad de agotar más recursos legales, en otras palabras, la resolución ya no podía ser modificada.
De la totalidad de personas privadas de su libertad, solo el siete por ciento corresponden a delitos del fuero federal, y el 93 por ciento al orden común, donde las instancias responsables son las estatales.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría un decreto para que todos los presos del fuero federal que tienen más de 10 años sin sentencia puedan salir libres.
Asimismo, anunció que adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, serían liberados, junto con adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves.
Además de que liberaría a todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul.
Del fuero común (estatal) hay 101 personas mayores de 66 años; sin embargo, a decir de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH), Yanet Téllez Herrera, no sería posible aplicar las mismas medidas a los internos de Hidalgo, toda vez sería necesario reformar la ley, debido a que la Procuraduría de Justicia depende del Poder Ejecutivo a diferencia de la Fiscalía General de la República que es autónoma.
