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El juez Fredy Francisco Aguilar Pérez, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo otorgó la suspensión provisional de la obra del Centro de desarrollo comunitario a cargo de la alcaldía con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a los comerciantes ambulantes que tramitaron un amparo, informó su dirigente, Gabriel García Rojas.
Conforme al juicio de amparo 1414/2023-II-A, promovido por el presidente de la Unión de Comerciantes Semifijos de Tizayuca, es contra la ocupación y construcción en ejecución del denominado Centro en el barrio de Huicalco, de acuerdo a los documentos que mostró.
La suspensión provisional es para que “las cosas se mantengan en el estado que guardan y la autoridad responsable se abstenga de continuar con la construcción” en el predio denominado la barranca.
Gabriel García resaltó que en el país se cuentan con instituciones fuertes, el resultado es que ahora se detiene la obra y se “pone en riesgo los recursos (más de 113 millones de pesos) de quienes pagamos impuestos, que se están aplicando y demuestra que (Araceli Ángeles) vino a gobernar para perjudicar”.
La construcción se realiza sobre un terreno que compraron aproximadamente 300 comerciantes de la Unión para ser reubicados ahí y se lo donaron al ayuntamiento 2016-2020, pero que la actual presidenta municipal morenista ocultó ese dato al cabildo, en sesión de diciembre de 2022, para que le aprobará el proyecto, señaló, tal como en febrero de 2022 se publicó en este diario.
El dirigente afirmó que la alcaldesa se lo tomó personal contra él, fue una “revancha política” y hoy los tizayuquenses pagan las consecuencias de la ilegalidad con la que actuó y violando la ley.
La delegación de la Sedatu en Hidalgo fue informada en 2022 del caso por el síndico jurídico del ayuntamiento, lo dio a conocer este diario en seguimiento informativo.
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