/ jueves 13 de junio de 2024

Inhabilitan a 500 empresas por incumplimiento de obras

Álvaro Bardales, titular de la Contraloría en Hidalgo mencionó que la mayoría de las obras públicas en ejecución corresponden a los municipios

El titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que

El contralor estatal señaló que había un padrón de cerca de 2 mil 100 contratistas de obra pública en el estado, de las cuales 500 fueron dadas de baja por incumplimiento en la obra pública que ejecutaron, por no hacerla a satisfacción de la ciudadanía, no la hicieron o no la concluyeron, aunado a que mil empresas no refrendaron su registro por no cumplir con los registros de integridad para avalar que se trataran de ese rubro y no tuvieran deudas con obras.

De acuerdo con el responsable de la Contraloría estatal hicieron una lista sobre las empresas constructoras, en las cuales identificaron algunas sociedades mercantiles que compartían mismos domicilios, socios y representantes legales que incumplieron en la ejecución de las obras públicas.

Por ello, sólo hay 560 empresas inscritas en el padrón de proveedores del gobierno estatal para las obras públicas, aunado a que recordó que cuando inició la administración estatal identificaron más de 10 mil 600 obras sin concluir del gobierno pasado, y sean revisado más de seis mil obras y en la actualidad hay cerca de tres mil en revisión, de las cuales dos mil 500 son de los municipios y 500 son del Poder Ejecutivo estatal.

Agregó que buscan agilizar estos procesos para evitar que las actuales administraciones municipales hereden obras en ejecución o de entrega-recepción a los siguientes gobiernos municipales que iniciarán el 5 de septiembre, por lo cual enfatizó que cerca del 82 por ciento de los ayuntamientos cambiarán de color de partido político que los gobernará y necesitarán evitar alguna irregularidad.

El contralor estatal encabezó el informe de resultados de la declaración patrimonial de los servidores públicos en la administración pública estatal en la Sala del Pueblo, ubicada en Palacio de Gobierno, donde destacó la importancia de cumplir con esta normativa para todas las personas que trabajan en el sector público y con ello prevenir casos de corrupción.


El titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que

El contralor estatal señaló que había un padrón de cerca de 2 mil 100 contratistas de obra pública en el estado, de las cuales 500 fueron dadas de baja por incumplimiento en la obra pública que ejecutaron, por no hacerla a satisfacción de la ciudadanía, no la hicieron o no la concluyeron, aunado a que mil empresas no refrendaron su registro por no cumplir con los registros de integridad para avalar que se trataran de ese rubro y no tuvieran deudas con obras.

De acuerdo con el responsable de la Contraloría estatal hicieron una lista sobre las empresas constructoras, en las cuales identificaron algunas sociedades mercantiles que compartían mismos domicilios, socios y representantes legales que incumplieron en la ejecución de las obras públicas.

Por ello, sólo hay 560 empresas inscritas en el padrón de proveedores del gobierno estatal para las obras públicas, aunado a que recordó que cuando inició la administración estatal identificaron más de 10 mil 600 obras sin concluir del gobierno pasado, y sean revisado más de seis mil obras y en la actualidad hay cerca de tres mil en revisión, de las cuales dos mil 500 son de los municipios y 500 son del Poder Ejecutivo estatal.

Agregó que buscan agilizar estos procesos para evitar que las actuales administraciones municipales hereden obras en ejecución o de entrega-recepción a los siguientes gobiernos municipales que iniciarán el 5 de septiembre, por lo cual enfatizó que cerca del 82 por ciento de los ayuntamientos cambiarán de color de partido político que los gobernará y necesitarán evitar alguna irregularidad.

El contralor estatal encabezó el informe de resultados de la declaración patrimonial de los servidores públicos en la administración pública estatal en la Sala del Pueblo, ubicada en Palacio de Gobierno, donde destacó la importancia de cumplir con esta normativa para todas las personas que trabajan en el sector público y con ello prevenir casos de corrupción.


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