Luego de que el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, envió la iniciativa de reforma administrativa al Congreso local que contempla la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo, Jesús Osiris Leines Medécigo, expresó que se pretende la inclusión de una partida para la reingeniería administrativa.
El también coordinador del grupo legislativo del Partido del Trabajo (PT) dijo que primero se debe aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para que cree legalmente ese nuevo organismo estatal y con base en ello destinar una partida especial para el funcionamiento del mismo el siguiente ejercicio fiscal.
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De acuerdo con el representante del distrito de Villas del Álamo, en el paquete económico que envió la Secretaría de Finanzas estatal para el siguiente ejercicio fiscal no se contempla una partida para la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, misma que desaparecerá en la reforma administrativa al Poder Ejecutivo.
Añadió que trabajan diariamente con la Secretaría de Finanzas estatal para la revisión y análisis del paquete económico del próximo año, mismo que deberá ser aprobado antes del 22 de diciembre, por lo cual confió en que no se recurra al denominado reloj legislativo para prorrogar el periodo de aprobación del Presupuesto de Egresos de 2023.
Asimismo, expuso que el presupuesto para la nueva institución dependerá de la conformación del mismo en su estructura orgánica para que se delimiten facultades y atribuciones de esta nueva institución que dependerá de la Secretaría de Finanzas estatal y que tendrá la función de recabar los recursos sustraídos por presuntos actos de corrupción en el sector público para aplicarlo a diferentes áreas.
El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, anunció una reforma administrativa en la que se contempla la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado y la eliminación de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, al considerar que este organismo fue elaborado sin un sustento administrativo.
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La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales debe dictaminar la reforma que envió el Poder Ejecutivo para que se canalice al pleno legislativo y se vote, por lo cual sólo necesita la mayoría simple, es decir, al menos 16 de los 30 votos del Congreso local para su aprobación.
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