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Durante 2022, Hidalgo se ubicó entre los estados con la mayor cantidad de sanciones aplicadas a servidores públicos del gobierno estatal por la comisión de faltas administrativas con un total de 120 procedimientos, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estudio federal reveló que del total de sanciones aplicadas a servidores públicos del Poder Ejecutivo de la entidad, 66 fueron a varones y 54 a mujeres, por lo cual Hidalgo fue el noveno estado con la mayor cantidad de procedimientos sancionadores aplicados a trabajadores de la administración pública.
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De acuerdo con el censo, no se aplicaron faltas administrativas graves durante el año pasado en el gobierno estatal, aunque representó un incremento del 30 por ciento en cuanto a sanciones de servidores públicos con respecto a 2021, cuando Hidalgo se ubicó en el décimo cuarto lugar a nivel nacional en cuanto este tipo de acciones sancionadoras.
Respecto a estas sanciones, la mayoría fueron amonestaciones privadas, seguidas de inhabilitaciones temporales y finalmente como amonestaciones públicas, pero no se aplicaron suspensiones temporales de empleos, destituciones u otras sanciones administrativas.
Asimismo, el año pasado no se presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra servidores públicos por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, se presentaron incrementos en la contratación de proveedores por adquisiciones, arrendamientos y servicios con respecto a 2021.
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De la misma manera, la mayoría de los contratos celebrados durante el año pasado fueron por adjudicación directa con incrementos en los montos asignados por esta vía en 2022 principalmente para áreas de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Así, en el último año de la administración de Omar Fayad Meneses se asignaron ocho mil 365 millones 451 mil 597 pesos en procedimientos de contratación, de los cuales el 20.3 por ciento fueron por adjudicación directa, 1.7 por ciento por invitación a cuando menos tres personas de forma restringida, 18.8 por ciento por licitación pública estatal, regional o local, 50.2 por ciento por licitación pública nacional, el 0.05 por ciento por licitación pública internacional y el nueve por ciento por otro procedimiento.
Además, para programas sociales se ejercieron mil 324 millones de pesos para un total de 71 acciones específicas y 57 a reglas de operación homólogas y para alojamiento de asistencia social se destinaron 38.5 millones de pesos para atender a tres mil 862 personas.
