La iniciativa presentada en marzo de este año para crear un Registro de Personas Agresoras Sexuales y Violentadoras de Género en Hidalgo, permanece detenida debido a la controversia para no violar los derechos humanos y la presunción de inocencia de las personas que son acusadas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia de la LXV Legislatura, Octavio Magaña, explicó que en las mesas de trabajo hay tres criterios: de la Procuraduría General de Justicia (PGJH), el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, en el estado, para prevenir alguna acción de inconstitucional por no cumplir estos principios.
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“Estamos viendo cómo le damos a la ley un margen que no sea anticonstitucional porque lo más importante es respetarlo. Estamos esperando que exista una apertura de todos los involucrados para avanzar en la mesa de trabajo”.
La iniciativa fue presentada por la diputada del partido Morena, Vanesa Escalante y el encargado de la PGJH, Santiago Nieto Castillo, a fin de que las personas registradas no puedan acceder a puestos de elección popular y encargos de la administración pública.
En ella también prevé los delitos de feminicidio, violencia familiar, violación, embarazo no deseado a través de medios clínicos, esterilidad provocada y disposición de óvulos o espermas sin consentimiento, abuso sexual, violación a la intimidad, estupro, aprovechamiento sexual y hostigamiento sexual.
Al presentarla el encargado de despacho precisó que Hidalgo esta en el quinto lugar a nivel nacional por el delito de violación y en el 17, por violencia familiar
En febrero de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el padrón de agresores sexuales en la Ciudad de México no debe de ser público y solo puede ser consultado por autoridades, ya que violaría el derecho de presunción de inocencia.
Mientras que en el Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y Yucatán es ley que, para aspirar a cargos de elección, no deben tenerse antecedentes, investigaciones, procesos o condenas por violencia doméstica, agresión sexual o deber pensión. El padrón no es público.
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