/ lunes 28 de diciembre de 2020

Exigen garantía para llevar internet gratis

Con el propósito de que el Estado garantice el acceso gratuito de banda ancha e Internet, la diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), propuso una iniciativa que reforma el artículo 6o de la Constitución Política.

Dicha reforma, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, precisa que “el servicio que preste el Estado será sin fines de lucro”.

En este sentido, la diputada recordó que en el 2013, se estableció el derecho al acceso a internet, tecnologías de la información, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet, modificándose el artículo 6o a efecto de que el Estado garantizará las condiciones de competencia en la prestación de los servicios.

Sin embargo, “esta reforma, a la luz de siete años, muestra costos elevados en el servicio de internet, falta de cobertura universal y no siempre, una sana competencia”, mencionó Citó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 arrojó que en el país había 80.6 millones de usuarios de Internet y 86.5 millones de abonados de telefonía celular; de este total, 76 por ciento se localizan en zonas urbanas y el resto en regiones rurales, lo cual constituye una brecha digital.

Por ello, consideró que la labor del Estado para completar la garantía dispuesta en el artículo 6o constitucional, es apremiante y necesaria. Y añadió que dicho artículo ya obliga al Estado a proveer el servicio y lo que se busca es la gratuidad del mismo.

Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se contempló la cobertura de Internet para todo el país mediante la instalación de redes inalámbricas en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios

En ese sentido, puntualizó que la infraestructura que se desarrolle es vital para garantizar que todos los habitantes de un país, un Estado o un municipio, sin menoscabo de los derechos humanos y libre de discriminación, puedan acceder a internet.

Con el propósito de que el Estado garantice el acceso gratuito de banda ancha e Internet, la diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), propuso una iniciativa que reforma el artículo 6o de la Constitución Política.

Dicha reforma, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, precisa que “el servicio que preste el Estado será sin fines de lucro”.

En este sentido, la diputada recordó que en el 2013, se estableció el derecho al acceso a internet, tecnologías de la información, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet, modificándose el artículo 6o a efecto de que el Estado garantizará las condiciones de competencia en la prestación de los servicios.

Sin embargo, “esta reforma, a la luz de siete años, muestra costos elevados en el servicio de internet, falta de cobertura universal y no siempre, una sana competencia”, mencionó Citó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 arrojó que en el país había 80.6 millones de usuarios de Internet y 86.5 millones de abonados de telefonía celular; de este total, 76 por ciento se localizan en zonas urbanas y el resto en regiones rurales, lo cual constituye una brecha digital.

Por ello, consideró que la labor del Estado para completar la garantía dispuesta en el artículo 6o constitucional, es apremiante y necesaria. Y añadió que dicho artículo ya obliga al Estado a proveer el servicio y lo que se busca es la gratuidad del mismo.

Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se contempló la cobertura de Internet para todo el país mediante la instalación de redes inalámbricas en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios

En ese sentido, puntualizó que la infraestructura que se desarrolle es vital para garantizar que todos los habitantes de un país, un Estado o un municipio, sin menoscabo de los derechos humanos y libre de discriminación, puedan acceder a internet.

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