El Juzgado en Materia penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Segundo Circuito Judicial con sede en Apan, dictó medidas cautelares contra la novena regidora de Tepeapulco, María Guadalupe Gabriela Miranda Pallares, por hechos que la ley señala como delito electoral en su modalidad de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, esto, cometido en perjuicio de la alcaldesa Marisol Ortega López, por lo que, con este hecho, la imputada sería la tercera munícipe en ser inhabilitada de sus funciones.

En entrevista a El Sol de Hidalgo, la regidora presentó a este diario la copia de la causa penal 248/2023 con NUC 12-2023-04767, en la cual se resolvió imponer las medidas cautelares contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual, dijo, se le inhabilita de sus funciones, al igual que, en procesos distintos, la síndica jurídica de Martina Elvia García Arteaga y previamente el regidor Hugo Pérez.

Con base al documento, dijo, se le prohibió acercarse al domicilio de la presidenta municipal Marisol Ortega López, convivir, acercarse o comunicarse por cualquier red de comunicación social y se le suspendió de manera temporal en el ejercicio de su cargo como novena regidora propietaria del Ayuntamiento de Tepeapulco.

En el documento, dijo, también se refiere que esta medida tendrá una vigencia por el tiempo que dure el proceso legal y argumentó que estas acciones se deben a que la alcaldesa no ha encontrado en ella a “un títere que vote en favor de disposiciones que van en detrimento de las arcas municipales”.

Señaló que el dictamen encontró su fortaleza en “Los testimonios de exfuncionarios y funcionarios municipales, quienes por temor de perder su trabajo apoyaron sus dichos”.

La regidora, aseguró que la campaña de acoso y hostigamiento político en su contra comenzó cuando decidió denunciar a través de sus redes sociales la compra de luminarias para Tepeapulco por un montó de 12 millones de pesos.

“El municipio pagó 2 mil 500 pesos por cada lámpara siendo que su costo de compra fue de 400 pesos, y este es solo uno de los aproximadamente 200 contratos irregulares que hemos detectado”.

Finalmente, afirmó que, se reuniría con un grupo de abogados para iniciar un nuevo proceso legal, que tendría que ver con lo que afirmó se trata de una inhabilitación improcedente, así como por violencia política.