/ martes 30 de enero de 2024

Detectan a funcionarios activos relacionados con empresas: Contraloría Hidalgo

La dependencia estatal encontró que hay conflicto de intereses

La Secretaría de la Contraloría estatal ha detectado tres casos de empresas privadas que entre su personal o socios hay nombres de funcionarios activos, resultado de una investigación en proceso a 350 compañías bajo observación de irregularidades, indicó el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez.

Por tratarse de casos que no han concluido, el funcionario no puede detallar, salvo el mencionar que en tres de ellas encontraron un conflicto de interés y/o encubrimiento por haber entre sus miembros que conforman la compañía servidores públicos.

En 2023, un total de 150 empresas constructoras o proveyeron de algo a la obra pública les detectaron irregularidades, a 50 de esas las dieron de baja del padrón de proveedores porque incurrieron por un procedimiento administrativo y el resto fueron inhabilitadas hasta por cinco años por usar materiales inadecuados, y 15 denunciadas penalmente, por fallas graves, resumió.

Hoy, iniciando el 2024, hay 200 que ya entraron al listado de no volverse a contratar y están en proceso de determinarse qué sigue como sanciones, las cuales tuvieron la oportunidad de concluir obras del 2022 a más tardar en marzo de 2023, el gobierno del estado les amplió el plazo a diciembre pasado y ni así cumplieron, explicó el Contralor estatal.

Por lo que no se trata de proyectos del actual año, son rezagadas y como parte del proceso, tampoco puede detallar.

Entre lo que falta, es que concluya la revisión de quienes son socios y forman parte de la plantilla laboral de los 350 negocios, para confirmar si hay o no nombres de servidores públicos del ámbito estatal o municipal, precisó.

Mediante un cruce usando la tecnología es como han detectado tres casos que posteriormente informará al concluir las investigaciones.

Álvaro Bardales dirigiéndose a la ciudadanía, dijo que son temas complicados, pero que no duden que se trabaja para actuar con transparencia en el uso de los recursos públicos, y hay una relación estrecha con el sector empresarial para evitar quebrantos al erario.


La Secretaría de la Contraloría estatal ha detectado tres casos de empresas privadas que entre su personal o socios hay nombres de funcionarios activos, resultado de una investigación en proceso a 350 compañías bajo observación de irregularidades, indicó el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez.

Por tratarse de casos que no han concluido, el funcionario no puede detallar, salvo el mencionar que en tres de ellas encontraron un conflicto de interés y/o encubrimiento por haber entre sus miembros que conforman la compañía servidores públicos.

En 2023, un total de 150 empresas constructoras o proveyeron de algo a la obra pública les detectaron irregularidades, a 50 de esas las dieron de baja del padrón de proveedores porque incurrieron por un procedimiento administrativo y el resto fueron inhabilitadas hasta por cinco años por usar materiales inadecuados, y 15 denunciadas penalmente, por fallas graves, resumió.

Hoy, iniciando el 2024, hay 200 que ya entraron al listado de no volverse a contratar y están en proceso de determinarse qué sigue como sanciones, las cuales tuvieron la oportunidad de concluir obras del 2022 a más tardar en marzo de 2023, el gobierno del estado les amplió el plazo a diciembre pasado y ni así cumplieron, explicó el Contralor estatal.

Por lo que no se trata de proyectos del actual año, son rezagadas y como parte del proceso, tampoco puede detallar.

Entre lo que falta, es que concluya la revisión de quienes son socios y forman parte de la plantilla laboral de los 350 negocios, para confirmar si hay o no nombres de servidores públicos del ámbito estatal o municipal, precisó.

Mediante un cruce usando la tecnología es como han detectado tres casos que posteriormente informará al concluir las investigaciones.

Álvaro Bardales dirigiéndose a la ciudadanía, dijo que son temas complicados, pero que no duden que se trabaja para actuar con transparencia en el uso de los recursos públicos, y hay una relación estrecha con el sector empresarial para evitar quebrantos al erario.


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