Auditan a 26 municipios para primer informe

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) inició las auditorías del ejercicio fiscal de 2022 para 26 municipios de la entidad, cuyos resultados serán entregados en el primer informe individualizado el próximo 30 de junio.

De acuerdo con la ASEH, entre los municipios que se encuentran en proceso de fiscalizaciópn destacan Eloxochitlán, Zimapán y Tlanchinol,aunque también se revisarán distintas entidades públicas del estado que son sujetas a la auditoría, por lo cual estos resultados serán emitidos ante el Congreso local al cierre del primer semestre de este año.

La auditoría estatal también revisará algunas instituciones del Poder Ejecutivo de la entidad como la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), institución que será fiscalizada a partir de la siguiente semana como parte de la revisión de la cuenta pública de 2022.

De la misma manera, la ASEH iniciará revisiones de otros sujetos obligados que reciben recursos públicos a través del control del manejo presupuestal para programas, acciones y políticas públicas orientadas a sus planes de desarrollo, así como a sus facultades y atribuciones.

Cada año la ASEH entrega tres informes individualizados de la cuenta pública, de los cuales dos corresponden al ejercicio fiscal anterior al año precedente y uno más para el año inmediato pasado, por lo cual cada institución que presente observaciones cuenta con un plazo de 20 días hábiles para solventarlas, pues de lo contrario se pueden emitir denuncias penales.

Hasta el momento la ASEH ha interpuesto cuatro denuncias penales por la revisión de cuenta pública de 2021 y 2022, de los cuales Calnali, Epazoyucan y Pisaflores corresponden al esquema de corrupción conocido como “La Estafa Siniestra” y Tula por desvíos de más de 60 millones de pesos por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Tula.

Los 26 municipios deberán entregar la información de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal pasado, pero de manera adicional se iniciaron las fiscalizaciones de los recursos de los ayuntamientos involucrados en el esquema de corrupción que investiga el gobierno estatal.