La primera acción que deberá concretar el siguiente gobierno federal, sin importar su filiación partidista, es impulsar una nueva reforma fiscal y asumir el costo político. Para algunos analistas, el panorama en materia tributaria es poco favorable.
Los ingresos tributarios van a la baja, en el corto plazo no se esperan recursos extraordinarios del Banco de México, y los pasivos contingentes que arrastra el Estado, como el pago de pensiones, seguirán al alza, lo que coloca en una auténtica “encrucijada”a las finanzas públicas del país. Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), considera que una reforma hacendaria resulta ineludible para el siguiente gobierno. El objetivo, señala, debe ser la generalización de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 16% y reducir el Impuesto Sobre la Rente (ISR) a 21%.
Sin estas medidas es factible que la inversión pública acumule en 2019 su sexto año a la baja y, de nuevo, frene la economía, como ha sucedido desde 2014.
Adrián García, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que los indicadores de recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que la reforma fiscal de 2014 alcanzó “su punto de maduración”. En 2016 aportó el equivalente a 13.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un año después, 13.2%, con lo que rompió una racha de cuatro años de incrementos.
El analista del CIEP estima que si se mantiene el actual régimen fiscal, los ingresos tributarios se estancarán en 13% del PIB al menos hasta 2023, es decir, durante los primeros cinco años de la siguiente administración federal.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos obtenidos del Impuesto Sobre la Renta personal (3.3% en 2015) están muy por debajo del promedio de los países que la integran (8.4% para el mismo año).
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