/ miércoles 12 de abril de 2023

CCE y Cámara Internacional de Comercio advierten sobre reforma administrativa de AMLO

El Consejo Coordinador Empresarial solicitó que se abra en el Congreso una discusión que incluya a los empresarios, ya que se debe profundizar el análisis de la reforma

La International Chamber of Commerce México (ICC México) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron las consecuencias negativas que podría acarrear la reforma administrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue enviada al Congreso de la Unión el pasado 24 de marzo.

A través de dos comunicados diferentes y que, correspondieron a cada institución empresarial, se señaló que la reforma va en contra del Estado de Derecho y que originaría “mayor incertidumbre jurídica” para los inversionistas en México.

Puedes leer: CCE y Secretaría de Economía buscan atraer inversión extranjera

Se crearía mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas y se convertiría en un dique para la llegada de inversión extranjera directa para el país, precisamente ahora que está en curso el nearshoring hacia México, afectando a la economía nacional”, indicó la ICC en su documento de prensa.

Añadió que es fundamental velar por los intereses del país y que la reforma legislativa supondría diversas violaciones a la Constitución y a tratados internacionales en materia de protección de inversiones celebrados por México, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de no retroactividad, el derecho de un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre competencia y concurrencia, la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a la consulta de los pueblos originarios, y el principio de legalidad, ente otros varios.

La ICC México también señaló que en caso de entrar en vigor, la iniciativa que pretende modificar 23 leyes federales podría afectar también los derechos de los permisionarios, concesionarios y licenciatarios en múltiples ramas de la industria, porque proporciona al Gobierno Federal mayor discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y concesiones, así como en la contratación pública.

“Esto implica que la autoridad puede modificar las condiciones con las que fue otorgado un acto administrativo, alegando hechos o actos supervenientes, y en caso de que el particular no las cumpla, el acto puede ser revocado. Igualmente, el acto puede ser revocado por la autoridad simplemente argumentando un hecho o acto superveniente que afecte el interés público u ocasione un desequilibrio”, indicó la ICC.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó que se abra en el Congreso una discusión que incluya a los empresarios, ya que se debe profundizar el análisis de las reformas enviadas por el ejecutivo federal.

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Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TMEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, señaló el CCE.

Para el CCE, de Francisco Cervantes, esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria y de la infraestructura pública, en perjuicio del país.

La International Chamber of Commerce México (ICC México) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron las consecuencias negativas que podría acarrear la reforma administrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue enviada al Congreso de la Unión el pasado 24 de marzo.

A través de dos comunicados diferentes y que, correspondieron a cada institución empresarial, se señaló que la reforma va en contra del Estado de Derecho y que originaría “mayor incertidumbre jurídica” para los inversionistas en México.

Puedes leer: CCE y Secretaría de Economía buscan atraer inversión extranjera

Se crearía mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas y se convertiría en un dique para la llegada de inversión extranjera directa para el país, precisamente ahora que está en curso el nearshoring hacia México, afectando a la economía nacional”, indicó la ICC en su documento de prensa.

Añadió que es fundamental velar por los intereses del país y que la reforma legislativa supondría diversas violaciones a la Constitución y a tratados internacionales en materia de protección de inversiones celebrados por México, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de no retroactividad, el derecho de un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre competencia y concurrencia, la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a la consulta de los pueblos originarios, y el principio de legalidad, ente otros varios.

La ICC México también señaló que en caso de entrar en vigor, la iniciativa que pretende modificar 23 leyes federales podría afectar también los derechos de los permisionarios, concesionarios y licenciatarios en múltiples ramas de la industria, porque proporciona al Gobierno Federal mayor discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y concesiones, así como en la contratación pública.

“Esto implica que la autoridad puede modificar las condiciones con las que fue otorgado un acto administrativo, alegando hechos o actos supervenientes, y en caso de que el particular no las cumpla, el acto puede ser revocado. Igualmente, el acto puede ser revocado por la autoridad simplemente argumentando un hecho o acto superveniente que afecte el interés público u ocasione un desequilibrio”, indicó la ICC.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó que se abra en el Congreso una discusión que incluya a los empresarios, ya que se debe profundizar el análisis de las reformas enviadas por el ejecutivo federal.

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Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TMEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, señaló el CCE.

Para el CCE, de Francisco Cervantes, esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria y de la infraestructura pública, en perjuicio del país.

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