Transparencia… ¿para qué?

De los 84 municipios de Hidalgo, sólo a Emiliano Zapata, Huejutla de Reyes, La Misión, San Agustín Tlaxiaca, Tenango de Doria y Tlaxcoapan el entonces Órgano de Fiscalización Superior (actualmente Auditoría Superior del Estado de Hidalgo) no les aprobó sus cuentas públicas de 2006.

En 2013, sólo dos fraccionamientos se construían en Tulancingo, Rancho Nuevo y Los Almendros, con una extensión territorial de 232 mil 684.59 metros cuadrados y 155 mil metros cuadrados, con 618 y 81 viviendas, respectivamente.

En el mismo año eran seis los magistrados jubilados (desde 2006 cinco de ellos y uno en 2010) en el Poder Judicial de Hidalgo, quienes en ese entonces contaban con entre 56 a 68 años, siendo Tufic Habib Karam, Arturo Reyes Monterrubio, Andrés García Montaño, Silvia Llano Vergara, Alfredo Olguín Hernández y Lucas González López.

En 2016 laboraban en el gobierno de Hidalgo mil 52 empleados de base, 8 mil 360 de confianza, 585 funcionarios y 2 mil 311 bajo honorarios, mientras que, en 2022, en ese mismo orden, lo hacían 994 (58 menos); 9 mil 700 (mil 340 más); 759 (174 más) y 2 mil 158 (153 menos).

Se encuentra clasificada como reservada la información de los recursos públicos del presupuesto de egresos del estado de Hidalgo, de 2010 a 2023, que fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por administraciones estatales, desde el último año de Miguel Osorio, los mandatos completos de Francisco Olvera y Omar Fayad, y el primer año y meses de la administración de Julio Menchaca.

Después de leer estos datos, algunos se preguntarán qué tienen que ver entre sí y tendrán razón de alguna manera. Lo cierto es que cuentan con un origen en común: todos son producto de la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades que nos gobiernan.

Con esa información se conoce a los alcaldes omisos; el crecimiento habitacional autorizado por ayuntamientos; quienes siguen recibiendo recursos públicos al jubilarse; cómo y con qué gobernadores aumentan más las nóminas o cómo una secretaría del gobierno federal, además de su presupuesto, recibe recursos de los estados por la prestación de servicios.

Basta buscar en Google el origen de la transparencia en México para saber que inicialmente fue el instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), creado en junio de 2002 en el sexenio del panista Vicente Fox, organismo que inició en 2003 con la tarea titánica de facilitar el derecho de acceso a la información pública. Luego le cambiaron el nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI en mayo de 2015, manteniendo su obligación de vigilar y cumplir el derecho a la información pública y la protección de datos personales.

Hoy, a dos décadas de garantizar ese derecho, seguramente algunos jóvenes desconocen que antes de 2003 los gobiernos municipales, estatales y el federal sólo rendían cuentas con largos y aburridos informes anuales de gobierno… que aún prevalecen en algunas partes.

Por eso hay que tener memoria y defender los derechos alcanzados, y con más razón deberían hacerlo aquellos que los empujaron desde la oposición.