/ martes 14 de mayo de 2019

Criminales de cuello blanco: dinero, muerte y violencia

Los procesos globalizadores impactan en los ámbitos económicos, tecnológicos, culturales, políticos, jurídicos, ente otros que afectan al individuo y los países. Como dice el reconocido sociólogo Daniel Bell: “La nación se hace no solo demasiado pequeña para solucionar los grandes problemas, sino también demasiado grande para arreglar los pequeños”. En esta línea una de los grandes problemas que en muchas regiones del mundo socava la paz, las libertades, los derechos fundamentales y la democracia misma es lo que se ha llamado: “la criminalidad del poder”.

La criminalidad del poder en sentido amplio se puede identificar en diferentes formas, la primera segmentación corresponde a las organizaciones abiertamente criminales, en sentido estricto como las terroristas y mafias; un segundo grupo versa sobre el poder económico (poderes transnacionales que se apropian de los recursos naturales y devastan el medio ambiente) y finalmente el relacionado con el poder público. Estos fenómenos criminales habitan en mundos entrelazados cuya base es la corrupción que genera la complicidad y colusión entre los delincuentes, que lucran con la explotación de la marginación, la necesidad y las prohibiciones y como resultado generan cantidades exorbitantes de recursos ilícitos.

La internacionalización de las formas de criminalidad impone un reto enorme al derecho en todo el mundo, que en muchas ocasiones ha sido rebasado, como resultado, dice Luigi Ferrajoli, de una situación general de anomia (estado de degradación de las normas sociales) que nos ha confinado a la ley del más fuerte, en contravención del derecho del débil que es justamente como apunta Ferrajoli: el derecho penal, que se instituye para que el Estado tutele a la parte más débil a partir de sus funciones garantistas.

El entorno actual demanda que el Estado Mexicano no adopte soluciones fáciles y clasistas, encarando únicamente a la criminalidad ordinaria, cuyas constantes son la marginación y necesidad de sus integrantes, atrapados en una bien tejida red creada por los criminales del poder, los de “cuello blanco”, quienes son los mayores responsables de los niveles críticos de violencia que existen. Regular y sancionar únicamente a la delincuencia de subsistencia, la ordinaria, explotada por la criminalidad del poder; mediante una tendencia inflacionaria penal solo llevará al colapso de la capacidad regulativa del Estado.

La reforma constitucional aprobada el año pasado a los artículos 22 y 73 pretende golpear directamente a la criminalidad del poder en todos sus segmentos, estableciendo el decomiso por parte del Estado de los bienes producto de actividades ilícitas, a través de la figura de extinción de dominio, que aunque fue incorporada a nuestro marco normativo desde hace 10 años, ha tenido nulos resultados, producto de las complicidades de las que ya hemos hablado y de un diseño deficiente que propicia que el proceso sea lento e ineficaz.

Los integrantes de las Comisiones del Senado que dictaminaremos el ordenamiento secundario en materia de extinción de dominio esta semana, estamos conscientes de que las normas que aprobemos serán fundamentales para liberar a la sociedad del yugo cotidiano que imponen a través de sus perversas redes aquellos criminales de cuello blanco que disfrutan de productos y servicios de lujo, mientras que sicarios contratados por 2,000 o 3,000 pesos, esparcen el miedo, la muerte y la violencia por nuestros países.

Los procesos globalizadores impactan en los ámbitos económicos, tecnológicos, culturales, políticos, jurídicos, ente otros que afectan al individuo y los países. Como dice el reconocido sociólogo Daniel Bell: “La nación se hace no solo demasiado pequeña para solucionar los grandes problemas, sino también demasiado grande para arreglar los pequeños”. En esta línea una de los grandes problemas que en muchas regiones del mundo socava la paz, las libertades, los derechos fundamentales y la democracia misma es lo que se ha llamado: “la criminalidad del poder”.

La criminalidad del poder en sentido amplio se puede identificar en diferentes formas, la primera segmentación corresponde a las organizaciones abiertamente criminales, en sentido estricto como las terroristas y mafias; un segundo grupo versa sobre el poder económico (poderes transnacionales que se apropian de los recursos naturales y devastan el medio ambiente) y finalmente el relacionado con el poder público. Estos fenómenos criminales habitan en mundos entrelazados cuya base es la corrupción que genera la complicidad y colusión entre los delincuentes, que lucran con la explotación de la marginación, la necesidad y las prohibiciones y como resultado generan cantidades exorbitantes de recursos ilícitos.

La internacionalización de las formas de criminalidad impone un reto enorme al derecho en todo el mundo, que en muchas ocasiones ha sido rebasado, como resultado, dice Luigi Ferrajoli, de una situación general de anomia (estado de degradación de las normas sociales) que nos ha confinado a la ley del más fuerte, en contravención del derecho del débil que es justamente como apunta Ferrajoli: el derecho penal, que se instituye para que el Estado tutele a la parte más débil a partir de sus funciones garantistas.

El entorno actual demanda que el Estado Mexicano no adopte soluciones fáciles y clasistas, encarando únicamente a la criminalidad ordinaria, cuyas constantes son la marginación y necesidad de sus integrantes, atrapados en una bien tejida red creada por los criminales del poder, los de “cuello blanco”, quienes son los mayores responsables de los niveles críticos de violencia que existen. Regular y sancionar únicamente a la delincuencia de subsistencia, la ordinaria, explotada por la criminalidad del poder; mediante una tendencia inflacionaria penal solo llevará al colapso de la capacidad regulativa del Estado.

La reforma constitucional aprobada el año pasado a los artículos 22 y 73 pretende golpear directamente a la criminalidad del poder en todos sus segmentos, estableciendo el decomiso por parte del Estado de los bienes producto de actividades ilícitas, a través de la figura de extinción de dominio, que aunque fue incorporada a nuestro marco normativo desde hace 10 años, ha tenido nulos resultados, producto de las complicidades de las que ya hemos hablado y de un diseño deficiente que propicia que el proceso sea lento e ineficaz.

Los integrantes de las Comisiones del Senado que dictaminaremos el ordenamiento secundario en materia de extinción de dominio esta semana, estamos conscientes de que las normas que aprobemos serán fundamentales para liberar a la sociedad del yugo cotidiano que imponen a través de sus perversas redes aquellos criminales de cuello blanco que disfrutan de productos y servicios de lujo, mientras que sicarios contratados por 2,000 o 3,000 pesos, esparcen el miedo, la muerte y la violencia por nuestros países.