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Aprueban en Guanajuato la legítima defensa

Por J. Manuel Álvarez

El Congreso del estado aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal en materia de legítima defensa, Con ello quien sea agredido de forma ilegítima en su casa habitación, podrá utilizar los medios que tenga a su disponibilidad para ejercer la legítima defensa, al ser admisible que el agredido haga uso de cualquier medio que tenga a su alcance para su defensa, afirmó la legisladora Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Con esta reforma al Código Penal “estamos justificando plenamente como una causal de exclusión del delito, la realización de cualquier acción o conducta que realicen las personas en perjuicio de alguien que ingresa ilegítimamente a su casa habitación”, precisó.

Y es que dijo “no es posible que se le sancione o se proceda a valorar la conducta de quienes en otras condiciones no hubiera hecho daño pero que ante la real e inminente intromisión en su hogar, es movido por el más natural de los instintos, proteger a los que ama”.

Esta iniciativa fue presentada por el legislador priista, Santiago García López.

“Con esta reforma al artículo 33 del Código Penal de nuestro estado, quien sea agredido de forma ilegítima en su casa podrá utilizar cualquier medio que tenga a su disponibilidad para ejercer la legítima defensa sin necesidad de entrar en valoraciones si fue racional o proporcional la defensa realizada”, manifestó García Muñoz Ledo.

De la misma forma, el Pleno del Congreso del estado aprobó la inclusión de la intimidación como delito.

En el documento se especifica que un servidor público cometerá delito de intimidación cuando por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncien, formule querella o aporte información relativa a alguna conducta ilícita. Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión y de treinta a cien días multa.

En las consideraciones del documento se precisa que la sociedad demanda que las autoridades y las personas que llevan a cabo las funciones estatales, como servidores públicos lo hagan con
responsabilidad.