MEDELLÍN, Colombia.- La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín, Colombia, se centró durante estos tres últimos días en la condena enérgica a la violencia contra periodistas reflejada en el asesinato de 14 miembros de la prensa americana, así como actos de represión, acoso digital y amenazas, que afectan a todos los medios de comunicación.
En su informe de conclusiones se estableció que tras el asesinato de los miembros de la redacción del diario ecuatoriano El Comercio, se nos presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que juega el organismo en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa.
Asimismo se denunció el continuo hostigamiento a la prensa y a los periodistas. Desde la pasada Asamblea General en Utah, Estados Unidos, han sido asesinados 14 periodistas: cuatro mexicanos, tres ecuatorianos, dos brasileños, dos guatemaltecos, un colombiano, un hondureño y un periodista salvadoreño.
También hay un periodista haitiano desaparecido. En México los periodistas han sido desplazados en el país para prevenir atentados en contra de su vida.
El año 2017 cerró con 12 periodistas asesinados y 507 agresiones registradas a comunicadores. Las agresiones se concentraron en cinco estados de MéxicoAlejandro Jiménez, coordinador de Opinión de la OEM
Los medios de comunicación son víctimas constantes de intimidaciones, acusaciones, acosos, insultos, ataques físicos y agresiones, principalmente cuando se levantan investigaciones sobre gobiernos o rendición de cuentas.
El informe final de la SIP destacó que otro de los temas más alarmantes es la denegación de justicia pronta, equitativa e imparcial.
Las investigaciones y procesos judiciales por los asesinatos al gremio toman tiempos excesivos y en muchos casos no se llega a una sentencia definitiva contra los autores.
En varios países de América Latina se ha incrementado con mayor fuerza la censura de publicación de noticias y se impide la difusión de la verdad.
La SIP resaltó que aún está pendiente un proyecto que busca dictar una ley marco de comunicaciones sobre el derecho al libre acceso a la comunicación y establecer mecanismos de control del Estado.