PARÍS, Francia. Por haberse opuesto a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, al menos 207 personas murieron en el mundo en 2017, de las cuales casi un 60% en América Latina y especialmente en Brasil, según la ONG Global Witness.
Este balance contabilizado en 22 países está sin duda por debajo de la realidad, según el informe "¿A qué precio?", publicado por la organización británica. La cifra supera además el récord de 2016, con al menos 200 muertos.
Las víctimas eran líderes locales, responsables de proteger la fauna salvaje o "personas corrientes" que defendían sus tierras. Brasil registró el peor balance, con 57 muertos, con tres masacres en las que fallecieron 25 personas.
Detrás del segundo país, Filipinas (48, un récord para un Estado asiático), figuran en la lista Colombia, con 24 muertos, y México, con 15. Global Witness alerta sobre el incremento espectacular de muertes en México (sólo tres en 2006), donde el "aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del gobierno en proteger" a los defensores del medio ambiente ha llevado al "brutal silenciamiento" de quienes se oponen por ejemplo a la explotación maderera o a la minería.
Perú también registró un salto significativo, de dos a ocho muertos en un año, mientras que con respecto a su población, Nicaragua fue el más afectado (cuatro).
En cambio, en Honduras, el número de muertos bajó de 14 en 2016 a cinco en 2017, si bien "la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer", según el informe, cuya actividad inició en 2002.
En total, uno de cada cuatro homicidios en el mundo (al menos 46, el doble que en 2016), estuvieron vinculados con la industria agroalimentaria. Cuarenta debido a disputas mineras (33 en 2016), 26 relacionadas con la deforestación y un récord de 23 personas, sobre todo guardias forestales africanos, murieron tratando de proteger a los animales de cazadores furtivos.
También se produjo un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden sus tierras frente a una agricultura "destructiva", según la ONG, que critica a los gobiernos "negligentes" y a las empresas "irresponsables" por anteponer "a la vida humana" los beneficios y la demanda de los consumidores.
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